Diccionario panhispánico del español jurídico

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Actuaciones urbanizadoras y contratos administrativos: comentario de urgencia al Auto del Tribunal Constitucional de 16 de julio de 2002

por Vaquer Caballería, Marcos

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2002
Ver revista: Revista General de Derecho Administrativo
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Con fecha del 28 de noviembre de 2001, tuvo entrada en el Tribunal Constitucional un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia acompañado de un Auto de dicho órgano (sección primera) por el que se elevaba al Alto Tribunal “la cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 45.2, 46.1, 46.3, 48, 47, 50, 47.5, 47.8, 29.2, 29.6, 29.7, 29.8, 29.10, 29.13, 47.6, 29.11, 51, 67.4, 32.D, 29.9, 66, 67, 71, 72.1.º y 2.º, 32.C y 79.2 de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística [en adelante, LRAU], y sobre la referida Ley en cuanto no exige respecto del urbanizador los requisitos de capacidad, de clasificación, ni las prohibiciones para contratar que resultan de la LCAP, (...)” [...]

Tabla de Contenidos

I. Los hechos
II. La fundamentación procesal
III. De Milán a valencia. Aportaciones al debate sobre la aplicación de la legislación de contratos de las administraciones públicas a la adjudicación de actuaciones urbanizadoras

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Con fecha del 28 de noviembre de 2001, tuvo entrada en el Tribunal Constitucional un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia acompañado de un Auto de dicho órgano (sección primera) por el que se elevaba al Alto Tribunal “la cuestión de inconstitucionalidad sobre los arts. 45.2, 46.1, 46.3, 48, 47, 50, 47.5, 47.8, 29.2, 29.6, 29.7, 29.8, 29.10, 29.13, 47.6, 29.11, 51, 67.4, 32.D, 29.9, 66, 67, 71, 72.1.º y 2.º, 32.C y 79.2 de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística [en adelante, LRAU], y sobre la referida Ley en cuanto no exige respecto del urbanizador los requisitos de capacidad, de clasificación, ni las prohibiciones para contratar que resultan de la LCAP, (...)” [...]

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II. La fundamentación procesal
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