Procedimiento administrativo: Abstención y recusación. Régimen de notificaciones. Expedición de certificaciones por órganos colegiados. Trámite de prueba. Trámite de audiencia. Impugnabilidad de actos de trámite. Terminación del procedimiento administrativo. Procedimiento de elaboración de Disposiciones Generales

Para esta primera entrega de jurisprudencia seleccionada sobre el procedimiento administrativo se han entresacado diversas sentencias publicadas a lo largo de 2002 (hasta el mes de octubre, inclusive), que se agrupan por conceptos o técnicas manejadas. De manera que, en los sucesivos números de la Revista, se ofrecerán reseñas de la jurisprudencia recaída a partir de esa fecha. Todos los fallos examinados corresponden al Tribunal Supremo, sin perjuicio de que en posteriores entregas se incluya la crónica de la jurisprudencia menor, cada vez más importante ante las serias restricciones a que se encuentra sometido el recurso de casación y el retraso acumulado con el que se pronuncia nuestro Alto Tribunal. Ese desfase temporal lastra inevitablemente –cuando no inutiliza, a raíz del incesante ritmo de reformas normativas en el que está inmerso el ordenamiento administrativo-, la aplicabilidad práctica de la doctrina fijada. En relación con el procedimiento administrativo, resulta bochornosa esa sangrante desactualización de la jurisprudencia, al comprobar que durante el año 2002 siguen recayendo numerosos fallos en los que resulta de aplicación la vieja LPA de 1958, derogada hace diez años, al enjuiciarse supuestos de hecho acaecidos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 30/1992. Y no digamos la importante reforma sufrida por la LAP en 1999, de cuya existencia tardará aún varios años el Supremo en acusar recibo. Los Magistrados de nuestro Alto Tribunal, al menos en lo que a la Sala 3.ª se refiere, se han convertido así en una especie de cualificados historiadores del Derecho. Sirvan como botón de muestra las SSTS de 11 y 16 de abril de 2002 (Yagüe Gil y Garzón Herrero, respectivamente), donde no sólo se aplica la vieja técnica de la denuncia de mora, como requisito para la producción del silencio administrativo, sino que además se ve obligado el Tribunal a reconvenir al TSJ que actuó de instancia por haber aplicado indebidamente la Ley 30/1992, puesto que los hechos acaecieron en 1993, cuando se estaban adaptando los procedimientos administrativos a la nueva normativa [...]