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Urbanismo. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 28 de noviembre de 2003. Sala de lo Contencioso-administrativo. Sección Primera. Ponente: María José Alonso Mas

por Boix Palop, Andrés

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2004
Ver otros artículos del mismo número: 5

Las sustanciales diferencias jurídicas existentes entre el modelo de gestión urbanística que ha sido tradicional en España (y que todavía sigue siendo el más común) y la alternativa representada por la Ley valenciana 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, cristalizan en ocasiones, como consecuencia de la subsistencia de una normativa básica estatal en la materia inspirada en el primero de ellos, en dificultades interpretativas a la hora de conciliarlos. La labor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es por ello especialmente interesante cuando ha de ocuparse de articular una interpretación que permita compatibilizar las previsiones legales de la norma autonómica con la norma básica estatal. En un ámbito de la complejidad del urbanismo no son pocas las ocasiones en que surgen disonancias difícilmente resolubles, dada la íntima interconexión de los diversos estadios de la intervención jurídica sobre la actividad urbanística, la ausencia de una orientación común que vincule ambas normas y el hecho mismo de que la legislación estatal (Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones) es posterior a la autonómica (por mucho que el legislador valenciano pudo en su momento buscar minimizar al máximo los roces con las previsiones básicas de la legislación básica contenida en el Texto Refundido de 1992, es obvio que el legislador estatal no ha obrado con igual criterio, dado que ha desarrollado un texto que mantiene el viejo modelo urbanístico español que, por otra parte, sigue siendo mayoritario entre las diversas normas autonómicas) [...]


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Las sustanciales diferencias jurídicas existentes entre el modelo de gestión urbanística que ha sido tradicional en España (y que todavía sigue siendo el más común) y la alternativa representada por la Ley valenciana 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística, cristalizan en ocasiones, como consecuencia de la subsistencia de una normativa básica estatal en la materia inspirada en el primero de ellos, en dificultades interpretativas a la hora de conciliarlos. La labor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es por ello especialmente interesante cuando ha de ocuparse de articular una interpretación que permita compatibilizar las previsiones legales de la norma autonómica con la norma básica estatal. En un ámbito de la complejidad del urbanismo no son pocas las ocasiones en que surgen disonancias difícilmente resolubles, dada la íntima interconexión de los diversos estadios de la intervención jurídica sobre la actividad urbanística, la ausencia de una orientación común que vincule ambas normas y el hecho mismo de que la legislación estatal (Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones) es posterior a la autonómica (por mucho que el legislador valenciano pudo en su momento buscar minimizar al máximo los roces con las previsiones básicas de la legislación básica contenida en el Texto Refundido de 1992, es obvio que el legislador estatal no ha obrado con igual criterio, dado que ha desarrollado un texto que mantiene el viejo modelo urbanístico español que, por otra parte, sigue siendo mayoritario entre las diversas normas autonómicas) [...]


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