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Procedimiento administrativo: Ámbito de aplicación de la Ley 30/1992. Abstención y recusación. Notificaciones. Irregularidades no invalidantes. Trámites de audiencia, de informe y de alegaciones. Caducidad. Silencio administrativo. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
Resulta de interés la STC 26/2004, de 26 de febrero (rec. de amparo 1085/2004, Pérez Vera. Ref. Iustel: §105031), sobre la aplicación de las reglas del procedimiento administrativo a la Administración electoral. Se trata de una sentencia dictada en amparo de un partido político cuya candidatura al Senado fue inadmitida y no proclamada por el hecho de haberse remitido a la Junta Electoral por medio del servicio de correos y no personalmente, a pesar de que la documentación se recibió en plazo. Evidentemente, la Administración electoral –que es según el TC un complejo orgánico sobre el que se articula el sistema electoral, que constituye una Administración ad hoc y de garantía- no queda subsumida dentro del concepto de Administraciones públicas que define la propia Ley 30/1992, pero ello no impide que el propio art. 120 LOREG se remita, en todo lo no expresamente regulado en dicha norma, a la ley de procedimiento administrativo. Concretamente, en cuanto al lugar de presentación de escritos y solicitudes dirigidos a las Administraciones públicas, el Tribunal Constitucional entiende que las reglas del art. 38.4 LAP no serían de aplicación al ámbito electoral, primero porque el art. 45 LOREG regula tanto el plazo como el lugar de presentación de candidaturas, cerrando el paso a la aplicación supletoria de la LAP, y segundo porque tal remisión resulta incompatible en concreto con el régimen de plazos fugaces y exiguos que prevé la normativa electoral, dada la amplitud de posibilidades que abre la Ley 30/1992 [...]
I. Ámbito de aplicación de la ley 30/1992
II. Régimen de abstención y recusación
III. Régimen de notificaciones
IV. Irregularidades no invalidantes
V. Trámite de audiencia
VI. Trámite de informe
VII. Trámite de alegaciones
VIII. Caducidad del procedimiento
IX. Silencio administrativo
X. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
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Resulta de interés la STC 26/2004, de 26 de febrero (rec. de amparo 1085/2004, Pérez Vera. Ref. Iustel: §105031), sobre la aplicación de las reglas del procedimiento administrativo a la Administración electoral. Se trata de una sentencia dictada en amparo de un partido político cuya candidatura al Senado fue inadmitida y no proclamada por el hecho de haberse remitido a la Junta Electoral por medio del servicio de correos y no personalmente, a pesar de que la documentación se recibió en plazo. Evidentemente, la Administración electoral –que es según el TC un complejo orgánico sobre el que se articula el sistema electoral, que constituye una Administración ad hoc y de garantía- no queda subsumida dentro del concepto de Administraciones públicas que define la propia Ley 30/1992, pero ello no impide que el propio art. 120 LOREG se remita, en todo lo no expresamente regulado en dicha norma, a la ley de procedimiento administrativo. Concretamente, en cuanto al lugar de presentación de escritos y solicitudes dirigidos a las Administraciones públicas, el Tribunal Constitucional entiende que las reglas del art. 38.4 LAP no serían de aplicación al ámbito electoral, primero porque el art. 45 LOREG regula tanto el plazo como el lugar de presentación de candidaturas, cerrando el paso a la aplicación supletoria de la LAP, y segundo porque tal remisión resulta incompatible en concreto con el régimen de plazos fugaces y exiguos que prevé la normativa electoral, dada la amplitud de posibilidades que abre la Ley 30/1992 [...]
I. Ámbito de aplicación de la ley 30/1992
II. Régimen de abstención y recusación
III. Régimen de notificaciones
IV. Irregularidades no invalidantes
V. Trámite de audiencia
VI. Trámite de informe
VII. Trámite de alegaciones
VIII. Caducidad del procedimiento
IX. Silencio administrativo
X. Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
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