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La tipificación de infracciones y sanciones por las Entidades Locales
Ya lo advertía Alejandro NIETO: “La cuestión de la posibilidad de tipificar infracciones administrativas en ordenanzas municipales lleva trazas de no terminar nunca”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001 parecía haber zanjado definitivamente el tema al declarar que, por imperativo del artículo 25.1 de la norma suprema, las Corporaciones locales sólo podían intervenir en esta materia previa habilitación de una ley que hubiese fijado, cuando menos, “los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada Ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones” y “las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales” (FJ 6). Pero el voto particular a esta resolución de un iuspublicista tan acreditado como GARRIDO FALLA, al que se adhirió el propio Presidente del Tribunal, y las palabras deslizadas en alguna Sentencia del Supremo al respecto -“persisten todavía notables incógnitas en relación con algunos supuestos de ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración local” - indicaban que la polémica seguía viva, que los defensores de aquella posibilidad no se iban a rendir tan fácilmente [...]
I. INTRODUCCIÓN
II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA
1. Jurisprudencia contencioso-administrativa
2. Jurisprudencia constitucional
III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003
IV. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ENTIDADES LOCALES TRAS LA LEY DE MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL
1. El alcance material de la reforma
2. El problema de la convalidación de las ordenanzas anteriores a la reforma
V. RECAPITULACIÓN
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Ya lo advertía Alejandro NIETO: “La cuestión de la posibilidad de tipificar infracciones administrativas en ordenanzas municipales lleva trazas de no terminar nunca”. La Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001 parecía haber zanjado definitivamente el tema al declarar que, por imperativo del artículo 25.1 de la norma suprema, las Corporaciones locales sólo podían intervenir en esta materia previa habilitación de una ley que hubiese fijado, cuando menos, “los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada Ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones” y “las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales” (FJ 6). Pero el voto particular a esta resolución de un iuspublicista tan acreditado como GARRIDO FALLA, al que se adhirió el propio Presidente del Tribunal, y las palabras deslizadas en alguna Sentencia del Supremo al respecto -“persisten todavía notables incógnitas en relación con algunos supuestos de ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración local” - indicaban que la polémica seguía viva, que los defensores de aquella posibilidad no se iban a rendir tan fácilmente [...]
I. INTRODUCCIÓN
II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA
1. Jurisprudencia contencioso-administrativa
2. Jurisprudencia constitucional
III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003
IV. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ENTIDADES LOCALES TRAS LA LEY DE MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL
1. El alcance material de la reforma
2. El problema de la convalidación de las ordenanzas anteriores a la reforma
V. RECAPITULACIÓN
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