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La conformidad a Derecho de la obligación de pago del capital-coste impuesto a los sacerdotes y religiosos/as secularizados para acceder a las pensiones contributivas de jubilación. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2003

por Villa de la Serna, Paula de la

Artículo
ISSN: 1696-9626
Madrid Iustel 2004
Ver otros artículos del mismo número: 6

En el número 5 de esta misma Revista publiqué un comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2003, en la que se resolvía que los gastos de gestión o de tramitación del expediente que el INSS y la TGSS imponían a los sacerdotes y religiosos/as secularizados, como requisito imprescindible para acceder a las prestaciones contributivas de jubilación, con independencia de satisfacer el capital-coste de las mismas, era contrario a Derecho. Conclusión que, por cierto, ha sido reiterada obiter dictum en la posterior sentencia a la que se refiere el actual comentario, manifestándose en ella que no pudiendo conocer la Sala de esa cuestión... “dados los términos en que se plantearon los recursos de suplicación y casación... es doctrina ya unificada por esta Sala, recogida entre otras sentencias en la de 11 de noviembre de 2003... que es de la competencia del orden jurisdiccional social conocer de tal cuestión y, precisamente, la aludida sentencia resuelve que es improcedente el concepto de gasto de tramitación del expediente del 7’6923%”... [...]

Tabla de Contenidos

I. Los antecedentes.
II. Los argumentos de las sentencias no firmes dictadas por el orden contencioso-administrativo.
III. Los argumentos de la sentencia de la sala de lo social del tribunal supremo de 26 de marzo de 2004.


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En el número 5 de esta misma Revista publiqué un comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2003, en la que se resolvía que los gastos de gestión o de tramitación del expediente que el INSS y la TGSS imponían a los sacerdotes y religiosos/as secularizados, como requisito imprescindible para acceder a las prestaciones contributivas de jubilación, con independencia de satisfacer el capital-coste de las mismas, era contrario a Derecho. Conclusión que, por cierto, ha sido reiterada obiter dictum en la posterior sentencia a la que se refiere el actual comentario, manifestándose en ella que no pudiendo conocer la Sala de esa cuestión... “dados los términos en que se plantearon los recursos de suplicación y casación... es doctrina ya unificada por esta Sala, recogida entre otras sentencias en la de 11 de noviembre de 2003... que es de la competencia del orden jurisdiccional social conocer de tal cuestión y, precisamente, la aludida sentencia resuelve que es improcedente el concepto de gasto de tramitación del expediente del 7’6923%”... [...]

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I. Los antecedentes.
II. Los argumentos de las sentencias no firmes dictadas por el orden contencioso-administrativo.
III. Los argumentos de la sentencia de la sala de lo social del tribunal supremo de 26 de marzo de 2004.


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