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Derecho de la Función Pública Régimen jurídico de los funcionarios públicos
Han transcurrido ya algunos años desde la publicación de la anterior edición. El balance del tiempo transcurrido puede considerarse, ciertamente, complejo ya que lejos de profundizarse en el diseño de modelos sostenibles y propios de empleo público de las diferentes Administraciones Públicas este periodo entre ediciones se ha caracterizado por la legislación de «emergencia» que hunde sus raíces en la crisis económica y toma como única referencia el gasto público y la necesidad de su reducción...
... Estas consideraciones nos llevan en el momento de la publicación de esta undécima edición del Derecho de la función Pública a reclamar la necesidad de la profesionalización en el diseño de políticas públicas en la materia y a la apuesta por medidas de ejecución que estén en consonancia con las propias necesidades de cada organización y no a la formulación de normas generales, indiscriminadas, pensadas en clave de gasto público y cuyos efectos finales sobre el sistema —se diga o no— serán perceptibles a medio y largo plazo.
CAPÍTULO I. Perspectiva histórica de la evolución legislativa de la función pública
CAPÍTULO II. La perspectiva constitucional de la función pública
CAPÍTULO III. El estatuto básico del empleado público
CAPÍTULO IV. Elementos instrumentales del empleo público
CAPÍTULO V. Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
CAPÍTULO VI. Derechos individuales
CAPÍTULO VII. El régimen de retribuciones
CAPÍTULO VIII. La provisión de puestos de trabajo y movilidad de los funcionarios
CAPÍTULO IX. Las situaciones administrativas
CAPÍTULO X. Los derechos de ejercicio colectivo
CAPÍTULO XI. Los deberes de los funcionarios públicos
CAPÍTULO XII. El régimen disciplinario
CAPÍTULO XIII. Las incompatibilidades de los empleados públicos
CAPÍTULO XIV. El personal laboral al servicio de la administración pública
CAPÍTULO XV. Revisión jurisdiccional (I). El procedimiento en materia de personal
CAPÍTULO XVI. Revisión jurisdiccional (II). La protección constitucional de los derechos fundamentales de los funcionarios
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Han transcurrido ya algunos años desde la publicación de la anterior edición. El balance del tiempo transcurrido puede considerarse, ciertamente, complejo ya que lejos de profundizarse en el diseño de modelos sostenibles y propios de empleo público de las diferentes Administraciones Públicas este periodo entre ediciones se ha caracterizado por la legislación de «emergencia» que hunde sus raíces en la crisis económica y toma como única referencia el gasto público y la necesidad de su reducción...
... Estas consideraciones nos llevan en el momento de la publicación de esta undécima edición del Derecho de la función Pública a reclamar la necesidad de la profesionalización en el diseño de políticas públicas en la materia y a la apuesta por medidas de ejecución que estén en consonancia con las propias necesidades de cada organización y no a la formulación de normas generales, indiscriminadas, pensadas en clave de gasto público y cuyos efectos finales sobre el sistema —se diga o no— serán perceptibles a medio y largo plazo.
CAPÍTULO I. Perspectiva histórica de la evolución legislativa de la función pública
CAPÍTULO II. La perspectiva constitucional de la función pública
CAPÍTULO III. El estatuto básico del empleado público
CAPÍTULO IV. Elementos instrumentales del empleo público
CAPÍTULO V. Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
CAPÍTULO VI. Derechos individuales
CAPÍTULO VII. El régimen de retribuciones
CAPÍTULO VIII. La provisión de puestos de trabajo y movilidad de los funcionarios
CAPÍTULO IX. Las situaciones administrativas
CAPÍTULO X. Los derechos de ejercicio colectivo
CAPÍTULO XI. Los deberes de los funcionarios públicos
CAPÍTULO XII. El régimen disciplinario
CAPÍTULO XIII. Las incompatibilidades de los empleados públicos
CAPÍTULO XIV. El personal laboral al servicio de la administración pública
CAPÍTULO XV. Revisión jurisdiccional (I). El procedimiento en materia de personal
CAPÍTULO XVI. Revisión jurisdiccional (II). La protección constitucional de los derechos fundamentales de los funcionarios
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