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La consideración de las creencias religiosas por los poderes públicos: la referencia del artículo 16.3 de la Constitución

por López-Sidro López, Ángel

Artículo
ISSN: 1696-9669
Madrid Iustel 2005
Ver otros artículos del mismo número: 8

La Constitución española de 1978 introdujo, en su reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa, una serie de criterios o principios que identifican la actitud del Estado ante el fenómeno religioso. Tales principios deben extraerse fundamentalmente de la redacción de los artículos 14 y 16, además de la interpretación que quepa darles en la consideración del conjunto del articulado constitucional. Yendo más al detalle, podemos observar cómo la declaración constitucional del artículo 16.3, en su segundo apartado, afirma que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Este mandato ha sido abundantemente sometido a reflexión y discutido por la doctrina, en todas y cada una de sus partes, y se ha valorado de formas diferentes, con respecto al resto del párrafo tercero –"ninguna confesión tendrá carácter estatal"-, en relación también con los dos anteriores y con el conjunto de la Constitución. Habría que decir que consideramos la valoración-interpretación global como la más acertada, habida cuenta de las tendencias de los mismos poderes públicos a obviar aspectos de la Constitución en detrimento de otros, o, más sutilmente, a interpretar unos velando los que no interesan [...]

Tabla de Contenidos

I. Introducción
II. Valoración de la mención constitucional en la doctrina
III. El factor social religioso en la jurisprudencia española
IV. El factor social religioso desde el punto de vista europeo
V. Tendencias laicistas en la realidad social española
VI. Conclusión: aconfesionalidad (positiva) frente a laicismo


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La Constitución española de 1978 introdujo, en su reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa, una serie de criterios o principios que identifican la actitud del Estado ante el fenómeno religioso. Tales principios deben extraerse fundamentalmente de la redacción de los artículos 14 y 16, además de la interpretación que quepa darles en la consideración del conjunto del articulado constitucional. Yendo más al detalle, podemos observar cómo la declaración constitucional del artículo 16.3, en su segundo apartado, afirma que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Este mandato ha sido abundantemente sometido a reflexión y discutido por la doctrina, en todas y cada una de sus partes, y se ha valorado de formas diferentes, con respecto al resto del párrafo tercero –"ninguna confesión tendrá carácter estatal"-, en relación también con los dos anteriores y con el conjunto de la Constitución. Habría que decir que consideramos la valoración-interpretación global como la más acertada, habida cuenta de las tendencias de los mismos poderes públicos a obviar aspectos de la Constitución en detrimento de otros, o, más sutilmente, a interpretar unos velando los que no interesan [...]

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I. Introducción
II. Valoración de la mención constitucional en la doctrina
III. El factor social religioso en la jurisprudencia española
IV. El factor social religioso desde el punto de vista europeo
V. Tendencias laicistas en la realidad social española
VI. Conclusión: aconfesionalidad (positiva) frente a laicismo


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