Delitos contra la Constitución

STS de 5 de marzo de 2009, Sala 2ª, núm. 231/2009, ponente: Manuel Marchena Gómez. Se mantiene la condena por un delito de detención ilegal del art. 167 CP, rechazando la aplicación del art. 530 CP solicitada por el recurrente, un policía que se había concertado con un abogado para tender una trampa a un traficante de cocaína, sustraerle la droga, detenerle y exigir dinero a su familia para su liberación, aprovechando su condición profesional. El TS señala los requisitos del art. 530 CP: a) un sujeto agente que sea autoridad o funcionario público, según el art. 24 CP, en el ejercicio de sus funciones; b) que la actuación de dicho sujeto agente se realice en una causa por delito, como dice el texto legal: “mediando” causa penal por delito; c) que la acción consista en acordar, practicar o prolongar una privación de libertad; d) que esa conducta se refiera a un detenido, preso o sentenciado; e) que la privación de libertad viole plazos u otras garantías constitucionales o legales; y f) que el agente obre dolosamente, teniendo conciencia plena de que la privación de libertad que acuerde, practique o prolongue es ilegal, ya que en caso de imprudencia grave se aplicará el art. 532 CP. Además, diferencia los dos delitos planteados: mientras la detención ilegal por falta de causa legítima que la justifique pertenece al tipo penal del art. 167, referido a las privaciones de libertad irregulares en el fondo, la del art. 530 exige que medie causa por delito, residiendo su ilicitud en el incumplimiento de las garantías institucionales de carácter constitucional y legal. De acuerdo con esta lectura, declara correctamente aplicados los arts. 164 y 167 CP, pues, en el caso enjuiciado no existía procedimiento judicial en marcha, ni mediaba causa por delito, tratándose de una vía de hecho puesta al servicio de un fin delictivo [...]