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Derechos y deberes fundamentales: libertad de expresión; derecho al honor, intimidad e imagen; garantías penales, igualdad, vida y no ser sometido a torturas, tutela judicial efectiva

por Pérez Cepeda, Ana Isabel

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid Iustel 2011
Ver otros artículos del mismo número: 15

Tribunal Constitucional, Jurisdicción Constitucional. Sentencia de 15 de noviembre de 2010; Número de procedimiento: 7948/2005. Se declara vulnerado el derecho a la libertad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones del recurrente en amparo, condenado por un delito de injurias graves con publicidad, al haberse considerado que los hechos entonces enjuiciados -colocación en el establecimiento del actor de diversos carteles referidos al Alcalde de Navacerrada-, no eran amparables en el derecho a la libertad de expresión, "al tratarse de una persona con relevancia pública, como es un alcalde, en época de elecciones municipales", "atendiendo al contenido del pasquín que imputaba claramente hechos, y estaba expuesto al público dentro del establecimiento", "que revela una intención clara de difamar", "excediendo del derecho a la crítica y siendo claramente atentatorio para la honorabilidad de personas con relevancia pública". De la lectura de los fundamentos de la sentencias impugnadas, constata el TC que, o bien se incumplió, o bien se ponderó inadecuadamente, los derechos en liza. Así, para apreciar la existencia del delito se procedió a calificar apodícticamente de “apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios” los contenidos en los carteles aludidos, juicio que resulta contradicho por la mayor tolerabilidad, o deber de resistencia a la crítica, exigible a los personajes públicos, por la vinculación de las expresiones con la finalidad de corrección, y por el mero análisis sintáctico y semántico de las empleadas. En consecuencia, dado que lo que se pretendía por el aquí recurrente era documentar la crítica al Alcalde por las decisiones que había adoptado, las cuales afectaban al recurrente, fueron tomadas en el ejercicio de sus funciones y estando en periodo electoral, es indiscutible para el Constitucional, concluir que -en este caso- el recurrente actuaba en el marco de la censura a un cargo público, por sus funciones públicas; de modo que para que las expresiones hubieran sido penalmente sancionables, tendrían que haber sido "gratuitas" y "claramente vejatorias"; no resultando aquí ni tan siquiera calificables de "graves" [...]

Tabla de Contenidos

I. Expresión
II. Honor, intimidad e imagen
III. Garantías penales
IV. Igualdad
V. Vida y no ser sometido a torturas
VI. Tutela judicial efectiva


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Tribunal Constitucional, Jurisdicción Constitucional. Sentencia de 15 de noviembre de 2010; Número de procedimiento: 7948/2005. Se declara vulnerado el derecho a la libertad de expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones del recurrente en amparo, condenado por un delito de injurias graves con publicidad, al haberse considerado que los hechos entonces enjuiciados -colocación en el establecimiento del actor de diversos carteles referidos al Alcalde de Navacerrada-, no eran amparables en el derecho a la libertad de expresión, "al tratarse de una persona con relevancia pública, como es un alcalde, en época de elecciones municipales", "atendiendo al contenido del pasquín que imputaba claramente hechos, y estaba expuesto al público dentro del establecimiento", "que revela una intención clara de difamar", "excediendo del derecho a la crítica y siendo claramente atentatorio para la honorabilidad de personas con relevancia pública". De la lectura de los fundamentos de la sentencias impugnadas, constata el TC que, o bien se incumplió, o bien se ponderó inadecuadamente, los derechos en liza. Así, para apreciar la existencia del delito se procedió a calificar apodícticamente de “apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios” los contenidos en los carteles aludidos, juicio que resulta contradicho por la mayor tolerabilidad, o deber de resistencia a la crítica, exigible a los personajes públicos, por la vinculación de las expresiones con la finalidad de corrección, y por el mero análisis sintáctico y semántico de las empleadas. En consecuencia, dado que lo que se pretendía por el aquí recurrente era documentar la crítica al Alcalde por las decisiones que había adoptado, las cuales afectaban al recurrente, fueron tomadas en el ejercicio de sus funciones y estando en periodo electoral, es indiscutible para el Constitucional, concluir que -en este caso- el recurrente actuaba en el marco de la censura a un cargo público, por sus funciones públicas; de modo que para que las expresiones hubieran sido penalmente sancionables, tendrían que haber sido "gratuitas" y "claramente vejatorias"; no resultando aquí ni tan siquiera calificables de "graves" [...]

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I. Expresión
II. Honor, intimidad e imagen
III. Garantías penales
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V. Vida y no ser sometido a torturas
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