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Comentario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratación administrativa: Preparación y adjudicación del contrato. Ejecución del contrato

por Huergo Lora, Alejandro

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2008
Ver otros artículos del mismo número: 18

Como es sabido (y se ha insistido en ello hasta la saciedad en la doctrina administrativista más reciente), el Derecho comunitario (en particular, las normas sobre contratación pública) pone en tela de juicio herramientas y formas de actuación de las Administraciones Públicas cuya legitimidad era hasta ahora indiscutible siempre que contaran
con el necesario aval del legislador estatal o autonómico. Entre esas herramientas se encuentra, y es uno de los ejemplos más notorios, la atribución a determinadas empresas públicas de la condición de contratistas preferentes de las Administraciones Públicas. Después de que la jurisprudencia comunitaria dejara sentados, en la Sentencia Teckal (1999), los límites dentro de los que debe moverse la atribución directa a empresas públicas de encargos relacionados con la satisfacción de las necesidades de las Administraciones (lo que significa dejar de lado a las empresas privadas que hubieran podido aspirar a recibir esos encargos si se hubieran adjudicado mediante licitación), se ha desarrollado una interesante pugna entre los poderes públicos, que han intentado salvar la posición privilegiada de sus empresas públicas mediante operaciones de “ingeniería jurídica”, y las empresas privadas de los sectores afectados, que en no pocos casos están intentando echar abajo, argumentando su incompatibilidad con el Derecho comunitario, esas normas que les cierran el acceso a importantes oportunidades de negocio [...]

Tabla de Contenidos

I. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. Conformidad al Ordenamiento jurídico del régimen jurídico de la empresa pública TRAGSA (Sentencia de 30 de enero de 2008, recurso de casación 548/2002)
2. La omisión del trámite de anunciar públicamente el resultado de la propuesta de adjudicación y ofrecer la posibilidad de manifestarse a los licitadores (art. 87 RGLCAP) vicia la adjudicación, también en los casos en que se utiliza el concurso y no la subasta (Sentencia de 6 de mayo de 2008, recurso 4147/2006)
3. Los integrantes de una UTE están legitimados individualmente para impugnar el acto de adjudicación (Sentencia de 23 de julio de 2008, recurso de casación 1826/2006)
II. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4. Conformidad a Derecho de la resolución administrativa que autoriza la emisión en abierto de la cadena Cuatro a través de la concesión administrativa otorgada inicialmente para la emisión (predominantemente) en codificado de Canal + (Sentencia de 19 de febrero de 2008, recurso 256/2005)
5. La Administración debe abonar las prestaciones efectivamente ejecutadas siempre que las haya conocido o aceptado, aunque no estén incluidas en el contrato y no haya encargo formal (Sentencia de 29 de abril de 2008, recurso de casación 3018/2006)


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Como es sabido (y se ha insistido en ello hasta la saciedad en la doctrina administrativista más reciente), el Derecho comunitario (en particular, las normas sobre contratación pública) pone en tela de juicio herramientas y formas de actuación de las Administraciones Públicas cuya legitimidad era hasta ahora indiscutible siempre que contaran
con el necesario aval del legislador estatal o autonómico. Entre esas herramientas se encuentra, y es uno de los ejemplos más notorios, la atribución a determinadas empresas públicas de la condición de contratistas preferentes de las Administraciones Públicas. Después de que la jurisprudencia comunitaria dejara sentados, en la Sentencia Teckal (1999), los límites dentro de los que debe moverse la atribución directa a empresas públicas de encargos relacionados con la satisfacción de las necesidades de las Administraciones (lo que significa dejar de lado a las empresas privadas que hubieran podido aspirar a recibir esos encargos si se hubieran adjudicado mediante licitación), se ha desarrollado una interesante pugna entre los poderes públicos, que han intentado salvar la posición privilegiada de sus empresas públicas mediante operaciones de “ingeniería jurídica”, y las empresas privadas de los sectores afectados, que en no pocos casos están intentando echar abajo, argumentando su incompatibilidad con el Derecho comunitario, esas normas que les cierran el acceso a importantes oportunidades de negocio [...]

Tabla de Contenidos

I. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. Conformidad al Ordenamiento jurídico del régimen jurídico de la empresa pública TRAGSA (Sentencia de 30 de enero de 2008, recurso de casación 548/2002)
2. La omisión del trámite de anunciar públicamente el resultado de la propuesta de adjudicación y ofrecer la posibilidad de manifestarse a los licitadores (art. 87 RGLCAP) vicia la adjudicación, también en los casos en que se utiliza el concurso y no la subasta (Sentencia de 6 de mayo de 2008, recurso 4147/2006)
3. Los integrantes de una UTE están legitimados individualmente para impugnar el acto de adjudicación (Sentencia de 23 de julio de 2008, recurso de casación 1826/2006)
II. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4. Conformidad a Derecho de la resolución administrativa que autoriza la emisión en abierto de la cadena Cuatro a través de la concesión administrativa otorgada inicialmente para la emisión (predominantemente) en codificado de Canal + (Sentencia de 19 de febrero de 2008, recurso 256/2005)
5. La Administración debe abonar las prestaciones efectivamente ejecutadas siempre que las haya conocido o aceptado, aunque no estén incluidas en el contrato y no haya encargo formal (Sentencia de 29 de abril de 2008, recurso de casación 3018/2006)


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