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Contratación administrativa

por Huergo Lora, Alejandro

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2010
Ver otros artículos del mismo número: 23

La legislación de contratos públicos se basa en la idea de que la mejor forma de proteger el interés público consiste en aplicar procedimientos públicos (subasta, concurso) para la selección del contratista y la fijación del precio. Esta presunción (y, con ella, toda la utilidad de la legislación de contratos públicos) decae si los licitadores pactan sus ofertas (acercándose a la figura del “subastero”), pues en ese caso la subasta se convierte en una trampa para la Administración, al obligarla, por su automatismo, a aceptar condiciones perjudiciales para el interés público que nunca habría admitido en una contratación negociada. La represión de esta clase de prácticas se llevó a cabo, en el caso que nos ocupa, no en el marco de la legislación de contratos públicos, sino en el de la defensa de la competencia, a través de una resolución del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), actualmente convertido en la Comisión Nacional de la Competencia. El TDC entendió que varias empresas habían concertado las ofertas presentadas a dos concursos de suministro de material de radioterapia convocados por un hospital público madrileño. Esa conducta está prohibida por el art. 1.1.a) de la Ley de Defensa de
la Competencia y es constitutiva asimismo de una infracción administrativa (tipificada en la propia Ley) y que el TDC sancionó con una multa de 250.000 € a cada una de las
empresas implicadas [...]

Tabla de Contenidos

I. DISPOSICIONES GENERALES
1. La función y el régimen jurídico de las ludotecas y la innecesaria audiencia en casos de participación suficiente en el trámite de información pública
2. Articulación competencial en materia de violencia en el deporte y defecto de procedimiento por falta de audiencia e informe estatal
3. La indebida exclusión de la aplicación en Cataluña del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. Inexistencia de daños derivados de la declaración de jubilación forzosa del personal estatutario de los servicios de salud
2. Improcedencia de responsabilidad de un Ayuntamiento por el robo de un autocar en un aparcamiento municipal gestionado por un contratista
3. Inexistencia de responsabilidad por la declaración de desamparo cautelar con retención hospitalaria de un menor
III. REVISIÓN DE OFICIO
1. Improcedencia de revisión de oficio de adjudicación contractual producida en el marco de un procedimiento negociado irregular
2. Improcedencia de revisión de oficio de acuerdo relativo a cesión obligatoria de aprovechamiento urbanístico previsto únicamente por la legislación básica estatal
3. Nulidad de la subvención concedida para la contratación de un trabajador disminuido por la falta de emisión del informe acreditativo de la adecuación del lugar de trabajo a su minusvalía


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La legislación de contratos públicos se basa en la idea de que la mejor forma de proteger el interés público consiste en aplicar procedimientos públicos (subasta, concurso) para la selección del contratista y la fijación del precio. Esta presunción (y, con ella, toda la utilidad de la legislación de contratos públicos) decae si los licitadores pactan sus ofertas (acercándose a la figura del “subastero”), pues en ese caso la subasta se convierte en una trampa para la Administración, al obligarla, por su automatismo, a aceptar condiciones perjudiciales para el interés público que nunca habría admitido en una contratación negociada. La represión de esta clase de prácticas se llevó a cabo, en el caso que nos ocupa, no en el marco de la legislación de contratos públicos, sino en el de la defensa de la competencia, a través de una resolución del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), actualmente convertido en la Comisión Nacional de la Competencia. El TDC entendió que varias empresas habían concertado las ofertas presentadas a dos concursos de suministro de material de radioterapia convocados por un hospital público madrileño. Esa conducta está prohibida por el art. 1.1.a) de la Ley de Defensa de
la Competencia y es constitutiva asimismo de una infracción administrativa (tipificada en la propia Ley) y que el TDC sancionó con una multa de 250.000 € a cada una de las
empresas implicadas [...]

Tabla de Contenidos

I. DISPOSICIONES GENERALES
1. La función y el régimen jurídico de las ludotecas y la innecesaria audiencia en casos de participación suficiente en el trámite de información pública
2. Articulación competencial en materia de violencia en el deporte y defecto de procedimiento por falta de audiencia e informe estatal
3. La indebida exclusión de la aplicación en Cataluña del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. Inexistencia de daños derivados de la declaración de jubilación forzosa del personal estatutario de los servicios de salud
2. Improcedencia de responsabilidad de un Ayuntamiento por el robo de un autocar en un aparcamiento municipal gestionado por un contratista
3. Inexistencia de responsabilidad por la declaración de desamparo cautelar con retención hospitalaria de un menor
III. REVISIÓN DE OFICIO
1. Improcedencia de revisión de oficio de adjudicación contractual producida en el marco de un procedimiento negociado irregular
2. Improcedencia de revisión de oficio de acuerdo relativo a cesión obligatoria de aprovechamiento urbanístico previsto únicamente por la legislación básica estatal
3. Nulidad de la subvención concedida para la contratación de un trabajador disminuido por la falta de emisión del informe acreditativo de la adecuación del lugar de trabajo a su minusvalía


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