1 de 1 copias disponibles
Comercio
El Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, impuso a través de su artículo 5 a los operadores económicos relacionados con la distribución de los productos petrolíferos la obligación de comunicar a la Administración los precios que aplican a dichos productos, con el objetivo declarado de “informar puntualmente a los consumidores” y de promover así una mayor competencia en la distribución minorista. Esta disposición legal ha sido objeto de desarrollo por medio de sucesivas órdenes ministeriales, de las cuales la última y actualmente vigente es la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos [...]
I. Estaciones de servicio. Comunicación a la Administración de los precios de los productos petrolíferos
II. Sanciones administrativas. Agravante de reincidencia
- Formato: PDF
- Tamaño: 42 Kb.
El Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, impuso a través de su artículo 5 a los operadores económicos relacionados con la distribución de los productos petrolíferos la obligación de comunicar a la Administración los precios que aplican a dichos productos, con el objetivo declarado de “informar puntualmente a los consumidores” y de promover así una mayor competencia en la distribución minorista. Esta disposición legal ha sido objeto de desarrollo por medio de sucesivas órdenes ministeriales, de las cuales la última y actualmente vigente es la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio, por la que se determina la forma de remisión de información al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las actividades de suministro de productos petrolíferos [...]
I. Estaciones de servicio. Comunicación a la Administración de los precios de los productos petrolíferos
II. Sanciones administrativas. Agravante de reincidencia