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Contratación administrativa
Las prohibiciones de contratar constituyen una grave amenaza para muchas empresas que tienen en las Administraciones Públicas a su cliente principal, cuando no único. Por eso el legislador utiliza las prohibiciones de contratar como un mecanismo que refuerza la eficacia de otras normas (por ejemplo, las de prevención de riesgos laborales), en la medida en que los obligados a cumplirlas se exponen, en caso de vulnerarlas, no sólo a sanciones administrativas sino a una posible prohibición de contratar [...]
I. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. Prohibición de contratar derivada de la imposición de sanciones administrativas por infracción muy grave en materia social (incluida la prevención de riesgos laborales). Las CCAA pueden regular mediante reglamento el procedimiento administrativo previo a la comunicación de dichas sanciones a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para la declaración de la prohibición de contratar (Sentencia de la Sección 7ª de 9 de diciembre de 2011, recurso de casación 5777/2008)
2. Objeto posible del contrato: licitud de los contratos por los que se encarga a empresas privadas la preparación de informes preceptivos en materias como el análisis psicológico de menores que han incurrido en responsabilidad penal, a pesar de implicar el acceso a datos protegidos (Sentencia de 6 de octubre de 2011, recurso de casación 239/2009)
3. La prohibición de que un licitador presente varias proposiciones no se aplica a las proposiciones presentadas por empresas pertenecientes al mismo grupo (Sentencia de 24 de octubre de 2011, recurso de casación 1938/2009)
4. La ilegalidad de la ampliación del plazo de presentación de proposiciones y su consecuencia: retroacción de las actuaciones para que se resuelva sobre la adjudicación del contrato teniendo en cuenta sólo las proposiciones presentadas dentro del plazo originario (Sentencia de 25 de noviembre de 2011, recurso de casación 4092/2010)
5. Ilegalidad del criterio basado en el conocimiento del territorio. Adjudicación del contrato e indemnización por haber sido ya ejecutado (Sentencia de 24 de noviembre de 2011, recurso de casación 305/2008)
II. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
6. Reclamación por ruptura del equilibrio económico de una concesión de construcción y explotación de obra pública (autopista de peaje): la disminución de la demanda derivada de la apertura de una autopista paralela (también de peaje) no otorga al concesionario perjudicado el derecho a una compensación (Sentencia de 19 de diciembre de 2011, recurso contencioso-administrativo 159/2010)
7. Resolución de un contrato de obra a instancia del contratista por causas imputables a la Administración. No es necesario el dictamen del Consejo de Estado cuando el contratista está de acuerdo con la resolución, aunque no lo esté con la liquidación del contrato (Sentencia de la Sección 7ª de 9 de enero de 2012, recurso de casación 1523/2009)
8. Administración obligada a pagar el precio del contrato en el caso de traspaso de competencias que determina la subrogación en los contratos suscritos por la Administración estatal antes de la transferencia y todavía “vigentes” en la fecha en que aquélla tiene lugar (Sentencia de 20 de enero de 2012, recurso de casación 196/2009)
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Las prohibiciones de contratar constituyen una grave amenaza para muchas empresas que tienen en las Administraciones Públicas a su cliente principal, cuando no único. Por eso el legislador utiliza las prohibiciones de contratar como un mecanismo que refuerza la eficacia de otras normas (por ejemplo, las de prevención de riesgos laborales), en la medida en que los obligados a cumplirlas se exponen, en caso de vulnerarlas, no sólo a sanciones administrativas sino a una posible prohibición de contratar [...]
I. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. Prohibición de contratar derivada de la imposición de sanciones administrativas por infracción muy grave en materia social (incluida la prevención de riesgos laborales). Las CCAA pueden regular mediante reglamento el procedimiento administrativo previo a la comunicación de dichas sanciones a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para la declaración de la prohibición de contratar (Sentencia de la Sección 7ª de 9 de diciembre de 2011, recurso de casación 5777/2008)
2. Objeto posible del contrato: licitud de los contratos por los que se encarga a empresas privadas la preparación de informes preceptivos en materias como el análisis psicológico de menores que han incurrido en responsabilidad penal, a pesar de implicar el acceso a datos protegidos (Sentencia de 6 de octubre de 2011, recurso de casación 239/2009)
3. La prohibición de que un licitador presente varias proposiciones no se aplica a las proposiciones presentadas por empresas pertenecientes al mismo grupo (Sentencia de 24 de octubre de 2011, recurso de casación 1938/2009)
4. La ilegalidad de la ampliación del plazo de presentación de proposiciones y su consecuencia: retroacción de las actuaciones para que se resuelva sobre la adjudicación del contrato teniendo en cuenta sólo las proposiciones presentadas dentro del plazo originario (Sentencia de 25 de noviembre de 2011, recurso de casación 4092/2010)
5. Ilegalidad del criterio basado en el conocimiento del territorio. Adjudicación del contrato e indemnización por haber sido ya ejecutado (Sentencia de 24 de noviembre de 2011, recurso de casación 305/2008)
II. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
6. Reclamación por ruptura del equilibrio económico de una concesión de construcción y explotación de obra pública (autopista de peaje): la disminución de la demanda derivada de la apertura de una autopista paralela (también de peaje) no otorga al concesionario perjudicado el derecho a una compensación (Sentencia de 19 de diciembre de 2011, recurso contencioso-administrativo 159/2010)
7. Resolución de un contrato de obra a instancia del contratista por causas imputables a la Administración. No es necesario el dictamen del Consejo de Estado cuando el contratista está de acuerdo con la resolución, aunque no lo esté con la liquidación del contrato (Sentencia de la Sección 7ª de 9 de enero de 2012, recurso de casación 1523/2009)
8. Administración obligada a pagar el precio del contrato en el caso de traspaso de competencias que determina la subrogación en los contratos suscritos por la Administración estatal antes de la transferencia y todavía “vigentes” en la fecha en que aquélla tiene lugar (Sentencia de 20 de enero de 2012, recurso de casación 196/2009)
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