Aguas y costas: los diferentes informes hidrológicos necesarios para la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico; requisitos para la constitución de comunidades de regantes y títulos previos para el uso privativo del agua; a vueltas con la contraprestación del servicio de abastecimiento de agua; planeamiento urbanístico y suelo no urbanizable de protección de costas; competencias cruzadas sobre el mismo dominio público marítimo-terrestre

En esta entrega se comentan cinco sentencias de diferente alcance. En el bloque de Aguas encontramos tres sentencias que se refieren a materias diversas: la primera de ellas, a los informes hidrológicos necesarios para poder planear urbanísticamente; la segunda se requiere a un requisito indispensable para la constitución de Comunidades de Regantes, cual es la existencia de título previo de uso privativo de aguas; y la última vuelve a incidir sobre el nada pacífico asunto de la contraprestación debida por el servicio público de abastecimiento de agua potable, para seguir en la línea de la obligatoriedad de establecimiento de una tasa, pero abriendo también la puerta a que decisiones jurisprudenciales posteriores cambien los criterios pretorianos, a la luz de la supresión del párrafo segundo del artículo 2.2.a) LGT, operada por la Ley de Economía Sostenible.
En el bloque dedicado a Costas, se comentan dos sentencias de distinto calado también. En la primera se abordan las competencias estatales en materia de fijación de la profundidad de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, con las que no pueden colisionar las competencias autonómicas en materia urbanística y
de planificación del territorio. En la segunda sentencia se delimitan también las competencias cruzadas que sobre este tipo especial de dominio público tienen tanto el Estado como las CC.AA., y en concreto, en el caso comentado, las competencias relativas a la gestión estatal del dominio público marítimo terrestre, en relación con las ciertas competencias que sobre aguas interiores otorga el artículo 148 CE a las Comunidades Autónomas [...]