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Contratación administrativa

por Huergo Lora, Alejandro

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2016
Ver otros artículos del mismo número: 42

El legislador español ha optado en algunas ocasiones por disponer la prórroga de determinados públicos ya en ejecución (con frecuencia, a punto de finalizar) a cambio de compromisos del contratista favorables a los intereses públicos. Recordemos la prórroga de las concesiones de autopistas de peaje a cambio de la rebaja de tarifas o la ejecución de obras (que gozó de la cobertura de norma con rango de Ley), o, en tiempos pasados, la prórroga de contratos de servicios relativos, por ejemplo, a la limpieza viaria, justificada en la implantación de mejoras como la recogida selectiva [...]

Tabla de Contenidos

EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
1. Normas que prevén la prórroga de contratos públicos una vez celebrados, retardando la nueva licitación del servicio. No pueden ampararse en el artículo 8 del Reglamento 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 15 de febrero de 2016, recurso de casación 2999/2013)
2. En el contrato de gestión de servicios públicos, sólo se revisarán las tarifas a percibir por el concesionario en los términos previstos en el contrato, en su caso (sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 26 de febrero de 2016, recurso de casación 336/2014)
3. La potestad de la Administración para acordar la resolución de un contrato administrativo por su defectuoso cumplimiento, está sometida al plazo general de prescripción de acciones personales (15 años, hoy 5) que comienza a correr desde el día del rechazo de la recepción de la prestación (sentencia de 10 de marzo de 2016, Sección 7ª, recurso de casación 317/2015)


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El legislador español ha optado en algunas ocasiones por disponer la prórroga de determinados públicos ya en ejecución (con frecuencia, a punto de finalizar) a cambio de compromisos del contratista favorables a los intereses públicos. Recordemos la prórroga de las concesiones de autopistas de peaje a cambio de la rebaja de tarifas o la ejecución de obras (que gozó de la cobertura de norma con rango de Ley), o, en tiempos pasados, la prórroga de contratos de servicios relativos, por ejemplo, a la limpieza viaria, justificada en la implantación de mejoras como la recogida selectiva [...]

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EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
1. Normas que prevén la prórroga de contratos públicos una vez celebrados, retardando la nueva licitación del servicio. No pueden ampararse en el artículo 8 del Reglamento 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 15 de febrero de 2016, recurso de casación 2999/2013)
2. En el contrato de gestión de servicios públicos, sólo se revisarán las tarifas a percibir por el concesionario en los términos previstos en el contrato, en su caso (sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 26 de febrero de 2016, recurso de casación 336/2014)
3. La potestad de la Administración para acordar la resolución de un contrato administrativo por su defectuoso cumplimiento, está sometida al plazo general de prescripción de acciones personales (15 años, hoy 5) que comienza a correr desde el día del rechazo de la recepción de la prestación (sentencia de 10 de marzo de 2016, Sección 7ª, recurso de casación 317/2015)


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