Copias sin limite

La certificación privada en el marco de una eficaz política de consumo

por Miguez Macho, Luis

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid Iustel 2003
Ver otros artículos del mismo número: 4

La necesidad de proteger a los particulares que adquieren bienes y servicios en el mercado justifica una política de consumo que en España, al igual que en muchos otros países, empezó a fraguarse a comienzos de los años sesenta. En efecto, aunque con anterioridad a la mencionada década ya existían normas concretas para la protección de los
consumidores -sirvan como ejemplo el control administrativo de la salubridad y la higiene de determinados productos o la regulación de los arrendamientos de viviendas-, no fue hasta entonces cuando un fuerte cambio en las circunstancias sociales y políticas propició una política global dirigida a tutelar a la parte débil del mercado. Nos referimos a la inmensa mayoría de las personas que, a la hora de realizar sus compras, desconocen el contenido real de los productos y servicios que se ofertan, por lo que no están en condiciones de juzgar por sí solas la bondad de los mismos. En este sentido puede decirse que se encuentran indefensas, un problema que han acentuado factores tales como la extraordinaria presión que ejerce la publicidad, que tiende a reducir la capacidad crítica del comprador, las hábiles técnicas de presentación de los productos o la posibilidad de distraer la atención del público mediante aparentes ventajas incorporadas [...]

Tabla de Contenidos

I. LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONSUMO Y SU EVOLUCIÓN ACTUAL
II. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
1. El dato constitucional: la tutela de los legítimos intereses económicos como objeto esencial de protección
2. Los objetivos de la LGDCU y de los estatutos autonómicos de los consumidores y usuarios
3. El compromiso de la Unión Europea
III. TÉCNICAS ALTERNATIVAS AL SERVICIO DE FINES PÚBLICOS: EL AUGE DE LA CERTIFICACIÓN PRIVADA
1. Concepto y significado de la actividad certificadora
2. Los distintos sistemas de acreditación de la conformidad a normas
3. El creciente recurso a la certificación privada en detrimento de la homologación oficial
IV. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS: GARANTÍAS PARA LOS CONSUMIDORES
V. CONCLUSIONES
VI. BIBLIOGRAFÍA


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 157 Kb.

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior

La necesidad de proteger a los particulares que adquieren bienes y servicios en el mercado justifica una política de consumo que en España, al igual que en muchos otros países, empezó a fraguarse a comienzos de los años sesenta. En efecto, aunque con anterioridad a la mencionada década ya existían normas concretas para la protección de los
consumidores -sirvan como ejemplo el control administrativo de la salubridad y la higiene de determinados productos o la regulación de los arrendamientos de viviendas-, no fue hasta entonces cuando un fuerte cambio en las circunstancias sociales y políticas propició una política global dirigida a tutelar a la parte débil del mercado. Nos referimos a la inmensa mayoría de las personas que, a la hora de realizar sus compras, desconocen el contenido real de los productos y servicios que se ofertan, por lo que no están en condiciones de juzgar por sí solas la bondad de los mismos. En este sentido puede decirse que se encuentran indefensas, un problema que han acentuado factores tales como la extraordinaria presión que ejerce la publicidad, que tiende a reducir la capacidad crítica del comprador, las hábiles técnicas de presentación de los productos o la posibilidad de distraer la atención del público mediante aparentes ventajas incorporadas [...]

Tabla de Contenidos

I. LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONSUMO Y SU EVOLUCIÓN ACTUAL
II. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
1. El dato constitucional: la tutela de los legítimos intereses económicos como objeto esencial de protección
2. Los objetivos de la LGDCU y de los estatutos autonómicos de los consumidores y usuarios
3. El compromiso de la Unión Europea
III. TÉCNICAS ALTERNATIVAS AL SERVICIO DE FINES PÚBLICOS: EL AUGE DE LA CERTIFICACIÓN PRIVADA
1. Concepto y significado de la actividad certificadora
2. Los distintos sistemas de acreditación de la conformidad a normas
3. El creciente recurso a la certificación privada en detrimento de la homologación oficial
IV. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS: GARANTÍAS PARA LOS CONSUMIDORES
V. CONCLUSIONES
VI. BIBLIOGRAFÍA


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 157 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior
  • Español