La certificación privada en el marco de una eficaz política de consumo

La necesidad de proteger a los particulares que adquieren bienes y servicios en el mercado justifica una política de consumo que en España, al igual que en muchos otros países, empezó a fraguarse a comienzos de los años sesenta. En efecto, aunque con anterioridad a la mencionada década ya existían normas concretas para la protección de los
consumidores -sirvan como ejemplo el control administrativo de la salubridad y la higiene de determinados productos o la regulación de los arrendamientos de viviendas-, no fue hasta entonces cuando un fuerte cambio en las circunstancias sociales y políticas propició una política global dirigida a tutelar a la parte débil del mercado. Nos referimos a la inmensa mayoría de las personas que, a la hora de realizar sus compras, desconocen el contenido real de los productos y servicios que se ofertan, por lo que no están en condiciones de juzgar por sí solas la bondad de los mismos. En este sentido puede decirse que se encuentran indefensas, un problema que han acentuado factores tales como la extraordinaria presión que ejerce la publicidad, que tiende a reducir la capacidad crítica del comprador, las hábiles técnicas de presentación de los productos o la posibilidad de distraer la atención del público mediante aparentes ventajas incorporadas [...]