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Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016: derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional. nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el letrado de la administración de justicia

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo
ISSN: 1696-9642
Madrid Iustel 2016
Ver otros artículos del mismo número: 39

De acuerdo con este modelo de distribución de competencias entre Jueces y Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia, en el marco de la moderna oficina judicial, la Ley 13/2009 acomete una minuciosa reforma horizontal de las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Introduce en cada una de ellas normas generales y especiales expresivas de los supuestos en que las “resoluciones procesales” -denominación que engloba en la nueva nomenclatura legal tanto a las “resoluciones judiciales”, dictadas por Jueces o Tribunales, como las de los Letrados de la Administración de Justicia, como expresan el art. 206 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y los arts. 244 y 456 LOPJ- deben ser dictadas por el Juez o Tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia. Se indica igualmente la denominación y forma de la resolución de que se trate (providencias, autos y sentencias en el caso de las resoluciones judiciales; diligencias y decretos en el caso de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia), así como su régimen de impugnación. En tal sentido el art. 456.4 LOPJ, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, determina con carácter general que “las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales” [...]


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De acuerdo con este modelo de distribución de competencias entre Jueces y Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia, en el marco de la moderna oficina judicial, la Ley 13/2009 acomete una minuciosa reforma horizontal de las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Introduce en cada una de ellas normas generales y especiales expresivas de los supuestos en que las “resoluciones procesales” -denominación que engloba en la nueva nomenclatura legal tanto a las “resoluciones judiciales”, dictadas por Jueces o Tribunales, como las de los Letrados de la Administración de Justicia, como expresan el art. 206 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y los arts. 244 y 456 LOPJ- deben ser dictadas por el Juez o Tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia. Se indica igualmente la denominación y forma de la resolución de que se trate (providencias, autos y sentencias en el caso de las resoluciones judiciales; diligencias y decretos en el caso de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia), así como su régimen de impugnación. En tal sentido el art. 456.4 LOPJ, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, determina con carácter general que “las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales” [...]


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