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Diligencia debida en violencia de género y errores de la Administración de Justicia: una ausencia de mecanismos reparadores y una propuesta de futuro. Comentario a la STS de la Sala del Contencioso-Administrativo 1263/2018, de 17 de julio de 2018
Tras la reciente sentencia de 17 julio de 2018, en el presente trabajo, se aborda una reflexión con propuestas resolutivas, de la deficiencia de los mecanismos actuales en el sistema procesal español para la reparación del daño causado a la víctima en los casos de violencia de género. El TS, en una sentencia pionera, casa la sentencia en la que no se apreció responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, solicitada por una víctima, por incumplimiento del Dictamen 47/2012, del Comité de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que condenó al Estado español por no cumplir con sus obligaciones. La reclamación viene determinada por la muerte de la hija de la recurrente a manos de su expareja, muerte que, a su juicio, se podría haber evitado si la Justicia hubiera mantenido el régimen de visitas, entre padre e hija, con vigilancia que se estableció en un primer momento para regular la separación matrimonial. En dicha resolución, se estima que ha existido una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva, y ello por no asumir la demanda la reclamación de responsabilidad patrimonial y poner fin a los efectos de una declaración de lesión de derechos de la mujer que sufrió un acto de discriminación derivado de una situación de violencia de género. Otro aspecto jurídico relevante, es determinar si el cauce de la reclamación de responsabilidad patrimonial es el adecuado para obtener una decisión administrativa que permita el cumplimiento del Dictamen de forma eficaz. El problema esencial del sistema jurisdiccional español, tanto de los procedimientos existentes (por error judicial o funcionamiento anormal de la Admón. De Justicia), es la inexistencia de un cauce específico procesal y autónomo para hacer efectivas las reparaciones por vulneración de derechos fundamentales del Dictamen del Comité de la CEDAW reconocidos en dicha Convención por parte del Estado español, lo que impide exigir autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes y por ende, fijar el quantum de la responsabilidad del Estado. Por ello, se proponen nuevas alternativas ya experimentadas en derecho comparado para solventar estos conflictos y soluciones urgentes de futuro.
After the recent judgment of July 17, 2018, in the present work, a reflection is addressed with resolutive proposals, of the deficiency of the current mechanisms in the Spanish procedural system for the repair of the damage caused to the victim in the cases of gender violence. The Supreme Court, in a pioneering sentence, marries the judgment in which no patrimonial responsibility was detected due to an abnormal functioning of the Administration of Justice, requested by a victim, for breach of Opinion 47/2012, of the Committee of the Convention on the elimination of all the forms of discrimination against women, which condemned the Spanish State for not fulfilling its obligations. The claim is determined by the death of the daughter of the appellant at the hands of her ex-partner, a death that, in her opinion, could have been avoided if the Justice had maintained the regime of visits, between father and daughter, with surveillance that was established at first to regulate the separation of marriage. In this resolution, it is estimated that there has been a violation of the fundamental rights to equality and not to be discriminated against based on sex, physical and moral integrity, and effective judicial protection, and this is because the claim does not take patrimonial responsibility and put an end to the effects of a declaration of injury to the rights of women who suffered an act of discrimination derived from a situation of gender violence. Another relevant legal aspect is to determine if the channel of the claim of patrimonial responsibility is the adequate one to obtain an administrative decision that allows the fulfillment of the Opinion of effective form. The essential problem of the Spanish jurisdictional system, both of the existing procedures (due to judicial error or abnormal operation of the Justice Department), is the lack of a specific and autonomous procedural channel to make effective the reparations for violation of fundamental rights of the Opinion. of the Committee of the CEDAW recognized in said Convention by the Spanish State, which prevents autonomously demand compliance with those opinions and, therefore, set the quantum of State responsibility. Therefore, new alternatives already experimented in comparative law are proposed to solve these conflicts and urgent solutions for the future.
I. INTRODUCCIÓN: LA ACTUACIÓN DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA
II. COMENTARIO A LA STS 1263/18 DE 17 DE JULIO
2.1. Antecedentes
2.1.1. Alegaciones de la recurrente
2.1.2. Alegaciones de la Abogacía del Estado
2.1.3 Alegaciones del Ministerio Fiscal
2.2 Fundamentos de Derecho
2.3. Fallo
III. HACIA NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS FRACASOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1. Introducción
3.2. Distinción entre funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y error judicial
3.3. El error judicial en Derecho comparado
3.4. Error judicial en el cumplimiento de Tratados internacionales, en especial, en los casos de violencia de género: Propuestas de futuro
IV. CONCLUSIONES
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Tras la reciente sentencia de 17 julio de 2018, en el presente trabajo, se aborda una reflexión con propuestas resolutivas, de la deficiencia de los mecanismos actuales en el sistema procesal español para la reparación del daño causado a la víctima en los casos de violencia de género. El TS, en una sentencia pionera, casa la sentencia en la que no se apreció responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, solicitada por una víctima, por incumplimiento del Dictamen 47/2012, del Comité de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que condenó al Estado español por no cumplir con sus obligaciones. La reclamación viene determinada por la muerte de la hija de la recurrente a manos de su expareja, muerte que, a su juicio, se podría haber evitado si la Justicia hubiera mantenido el régimen de visitas, entre padre e hija, con vigilancia que se estableció en un primer momento para regular la separación matrimonial. En dicha resolución, se estima que ha existido una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva, y ello por no asumir la demanda la reclamación de responsabilidad patrimonial y poner fin a los efectos de una declaración de lesión de derechos de la mujer que sufrió un acto de discriminación derivado de una situación de violencia de género. Otro aspecto jurídico relevante, es determinar si el cauce de la reclamación de responsabilidad patrimonial es el adecuado para obtener una decisión administrativa que permita el cumplimiento del Dictamen de forma eficaz. El problema esencial del sistema jurisdiccional español, tanto de los procedimientos existentes (por error judicial o funcionamiento anormal de la Admón. De Justicia), es la inexistencia de un cauce específico procesal y autónomo para hacer efectivas las reparaciones por vulneración de derechos fundamentales del Dictamen del Comité de la CEDAW reconocidos en dicha Convención por parte del Estado español, lo que impide exigir autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes y por ende, fijar el quantum de la responsabilidad del Estado. Por ello, se proponen nuevas alternativas ya experimentadas en derecho comparado para solventar estos conflictos y soluciones urgentes de futuro.
After the recent judgment of July 17, 2018, in the present work, a reflection is addressed with resolutive proposals, of the deficiency of the current mechanisms in the Spanish procedural system for the repair of the damage caused to the victim in the cases of gender violence. The Supreme Court, in a pioneering sentence, marries the judgment in which no patrimonial responsibility was detected due to an abnormal functioning of the Administration of Justice, requested by a victim, for breach of Opinion 47/2012, of the Committee of the Convention on the elimination of all the forms of discrimination against women, which condemned the Spanish State for not fulfilling its obligations. The claim is determined by the death of the daughter of the appellant at the hands of her ex-partner, a death that, in her opinion, could have been avoided if the Justice had maintained the regime of visits, between father and daughter, with surveillance that was established at first to regulate the separation of marriage. In this resolution, it is estimated that there has been a violation of the fundamental rights to equality and not to be discriminated against based on sex, physical and moral integrity, and effective judicial protection, and this is because the claim does not take patrimonial responsibility and put an end to the effects of a declaration of injury to the rights of women who suffered an act of discrimination derived from a situation of gender violence. Another relevant legal aspect is to determine if the channel of the claim of patrimonial responsibility is the adequate one to obtain an administrative decision that allows the fulfillment of the Opinion of effective form. The essential problem of the Spanish jurisdictional system, both of the existing procedures (due to judicial error or abnormal operation of the Justice Department), is the lack of a specific and autonomous procedural channel to make effective the reparations for violation of fundamental rights of the Opinion. of the Committee of the CEDAW recognized in said Convention by the Spanish State, which prevents autonomously demand compliance with those opinions and, therefore, set the quantum of State responsibility. Therefore, new alternatives already experimented in comparative law are proposed to solve these conflicts and urgent solutions for the future.
I. INTRODUCCIÓN: LA ACTUACIÓN DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA
II. COMENTARIO A LA STS 1263/18 DE 17 DE JULIO
2.1. Antecedentes
2.1.1. Alegaciones de la recurrente
2.1.2. Alegaciones de la Abogacía del Estado
2.1.3 Alegaciones del Ministerio Fiscal
2.2 Fundamentos de Derecho
2.3. Fallo
III. HACIA NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS FRACASOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1. Introducción
3.2. Distinción entre funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y error judicial
3.3. El error judicial en Derecho comparado
3.4. Error judicial en el cumplimiento de Tratados internacionales, en especial, en los casos de violencia de género: Propuestas de futuro
IV. CONCLUSIONES
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