Copias sin limite

¿Un paso (en falso) hacia los ficheros positivos de solvencia?

por Cuena Casas, Matilde

Artículo
ISSN: 1885-009X
Ver otros artículos del mismo número: 69

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial tiene como principal mérito la demostración de que el legislador es consciente de las asimetrías de información que operan en el mercado de crédito español. Sin embargo la autora manifiesta que el avance es meramente nominal, solo aparente y en realidad obstaculiza legalmente todavía más el flujo de información positiva. Tras el procedimiento establecido por la nueva normativa, el deudor se va de la entidad con su historial y calificación crediticia con el objeto de que pueda iniciar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación con mayor facilidad, haciendo el uso que mejor corresponda de su información financiera. Sin embargo, a juicio de la autora nos encontramos ante otra regulación parcial que se limita a dar al cliente datos que son suyos y que no afecta a los consumidores. La ley debería obligar a las entidades financieras a compartir los datos positivos de sus clientes a los bureaus privados, que deben ser objeto de una regulación específica y controlados por una autoridad pública que garantice la privacidad de los ciudadanos.

Law 5/2015, of 27 April on the promotion of Corporate Finance has as its main merit a demonstration that the legislator is aware of the information asymmetries operating in the Spanish credit market. However, the author argues that progress is only at face value and in fact, as a matter of law further hinders the flow of positive information. Following the procedure established by the new rules the debtor leaves the entity with their history and credit ranking in order that they may begin seeking alternative funding sources more easily, making that best matches with the information available. However, according to the author we face another partial regulation which merely gives the customer information that are their own and does not affect consumers. The law should require financial institutions to share positive customer data to private bureaus, which should be subject to specific regulation and controlled by a public authority to ensure the privacy of citizens.


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La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial tiene como principal mérito la demostración de que el legislador es consciente de las asimetrías de información que operan en el mercado de crédito español. Sin embargo la autora manifiesta que el avance es meramente nominal, solo aparente y en realidad obstaculiza legalmente todavía más el flujo de información positiva. Tras el procedimiento establecido por la nueva normativa, el deudor se va de la entidad con su historial y calificación crediticia con el objeto de que pueda iniciar la búsqueda de fuentes alternativas de financiación con mayor facilidad, haciendo el uso que mejor corresponda de su información financiera. Sin embargo, a juicio de la autora nos encontramos ante otra regulación parcial que se limita a dar al cliente datos que son suyos y que no afecta a los consumidores. La ley debería obligar a las entidades financieras a compartir los datos positivos de sus clientes a los bureaus privados, que deben ser objeto de una regulación específica y controlados por una autoridad pública que garantice la privacidad de los ciudadanos.

Law 5/2015, of 27 April on the promotion of Corporate Finance has as its main merit a demonstration that the legislator is aware of the information asymmetries operating in the Spanish credit market. However, the author argues that progress is only at face value and in fact, as a matter of law further hinders the flow of positive information. Following the procedure established by the new rules the debtor leaves the entity with their history and credit ranking in order that they may begin seeking alternative funding sources more easily, making that best matches with the information available. However, according to the author we face another partial regulation which merely gives the customer information that are their own and does not affect consumers. The law should require financial institutions to share positive customer data to private bureaus, which should be subject to specific regulation and controlled by a public authority to ensure the privacy of citizens.


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