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Transparencia y seguridad jurídica

por Pérez Hereza, Juan

Artículo
ISSN: 1885-009X
Ver otros artículos del mismo número: 71

Transcurridos más de tres años desde la famosa STS de 9 de mayo de 2013, el concepto de transparencia establecido por ella ha calado en los tribunales inferiores de tal forma que, una vez asentada en el reducido campo de las cláusulas suelo, empieza a extenderse al resto del clausulado de los préstamos hipotecarios. Y, como era de esperar, han llegado las sorpresas pues son pocas las cláusulas que resisten tan riguroso control de comprensibilidad real. Para evitar que esta exigencia de transparencia derive en un peligroso subjetivismo, como en gran medida está ocurriendo, debe ser una reforma normativa que fije en una disposición con rango de ley el concepto de transparencia, los deberes que se imponen a las entidades de crédito para procurarla, los mecanismos de control de cumplimiento y las consecuencias sustantivas de su incumplimiento. Siendo la solución ideal dar entrada a un tercero imparcial en la fase precontractual, y lógicamente ese tercero debe ser el notario como funcionario público llamado a procurar la correcta formación del consentimiento contractual en el ámbito extrajudicial. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma y poner el acento fundamental en la protección del consumidor estableciendo una legislación que asegure la transparencia aún a costa de la agilidad, a la que también tendrá que renunciar el propio consumidor. Sólo así el contrato de adhesión podrá gozar de un valor vinculante idéntico al de cualquier otro contrato.

More than three years since the famous Supreme Court Decision of May 9, 2013, the concept of transparency established by it has penetrated to the lower courts in such a manner that, once established in the field of boilerplate clauses, it has begun to spread to the rest of the mortgage loan clauses. Of course, surprises have arisen because there are few clauses that resist such rigorous control of real comprehensibility. In order to prevent this requirement of transparency from resulting in a dangerous subjectivism (as is largely happening) there must be a reform that establishes the concept of transparency, the duties that are imposed on credit institutions to monitor mechanisms, and the substantive consequences of their noncompliance in a provision of law. It is the ideal solution to include an impartial third party in the pre-contractual phase, and logically that third party should be the notary as public official called to ensure the correct formation of contractual consent. The time has come to change the paradigm and put the fundamental emphasis on consumer protection by establishing legislation that ensures transparency even at the expense of agility, which will also have to be waived by the consumer themselves. Only in this way can the contract enjoy a binding value identical to that of any other contract.


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Transcurridos más de tres años desde la famosa STS de 9 de mayo de 2013, el concepto de transparencia establecido por ella ha calado en los tribunales inferiores de tal forma que, una vez asentada en el reducido campo de las cláusulas suelo, empieza a extenderse al resto del clausulado de los préstamos hipotecarios. Y, como era de esperar, han llegado las sorpresas pues son pocas las cláusulas que resisten tan riguroso control de comprensibilidad real. Para evitar que esta exigencia de transparencia derive en un peligroso subjetivismo, como en gran medida está ocurriendo, debe ser una reforma normativa que fije en una disposición con rango de ley el concepto de transparencia, los deberes que se imponen a las entidades de crédito para procurarla, los mecanismos de control de cumplimiento y las consecuencias sustantivas de su incumplimiento. Siendo la solución ideal dar entrada a un tercero imparcial en la fase precontractual, y lógicamente ese tercero debe ser el notario como funcionario público llamado a procurar la correcta formación del consentimiento contractual en el ámbito extrajudicial. Ha llegado la hora de cambiar el paradigma y poner el acento fundamental en la protección del consumidor estableciendo una legislación que asegure la transparencia aún a costa de la agilidad, a la que también tendrá que renunciar el propio consumidor. Sólo así el contrato de adhesión podrá gozar de un valor vinculante idéntico al de cualquier otro contrato.

More than three years since the famous Supreme Court Decision of May 9, 2013, the concept of transparency established by it has penetrated to the lower courts in such a manner that, once established in the field of boilerplate clauses, it has begun to spread to the rest of the mortgage loan clauses. Of course, surprises have arisen because there are few clauses that resist such rigorous control of real comprehensibility. In order to prevent this requirement of transparency from resulting in a dangerous subjectivism (as is largely happening) there must be a reform that establishes the concept of transparency, the duties that are imposed on credit institutions to monitor mechanisms, and the substantive consequences of their noncompliance in a provision of law. It is the ideal solution to include an impartial third party in the pre-contractual phase, and logically that third party should be the notary as public official called to ensure the correct formation of contractual consent. The time has come to change the paradigm and put the fundamental emphasis on consumer protection by establishing legislation that ensures transparency even at the expense of agility, which will also have to be waived by the consumer themselves. Only in this way can the contract enjoy a binding value identical to that of any other contract.


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