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Novedades en la función notarial para recuperar la seguridad jurídica en los préstamos hipotecarios

por Pérez Hereza, Juan

Artículo
ISSN: 1885-009X
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El contrato de préstamo hipotecario ha sido tradicionalmente paradigma de certeza y seguridad jurídica. Su legalidad, fruto del doble control preventivo notarial y registral, era indiscutida y su eficacia estaba garantizada en caso de incumplimiento por medio de un procedimiento privilegiado, rápido y barato para el acreedor. Sabido es que hoy esta realidad ha cambiado de forma radical como consecuencia de los efectos económicos y sociales de la crisis padecida a partir del año 2008. En la actualidad, la validez de una gran parte del contenido de los contratos de préstamo hipotecario está sometida a incertidumbre. Sucesivamente han sido juzgadas y, muchas veces, anuladas por nuestros tribunales, la cláusula suelo, la de vencimiento anticipado por impago, la de imposición de los gastos al deudor, la de intereses de demora o la de afianzamiento. El Gobierno se dispone a acometer reformas urgentes aprovechando la trasposición de la Directiva 2017/17/UE de 4 de febrero sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Se trata del Anteproyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que se encuentra actualmente en trance de iniciar su tramitación parlamentaria.

Mortgage loan contracts have traditionally been a paradigm of legal certainty and security. Their legality, which was the consequence of a dual oversight by notaries and registries, was undisputed and their enforceability in the event of default was guaranteed by a procedure that was advantageous, swift, fast and cheap for the creditor. It is well known that this situation has since changed radically as a result of the economic and social effects of the recession that began in 2008. Today, the validity of a large proportion of the content of mortgage loan contracts is subject to uncertainty. The floor clause, the clause providing for early termination due to default, the clause imposing expenses on the debtor, the default interest rate clause and the securitisation clause have been the subject of legal proceedings and often been annulled by Spanish courts. The Spanish Government is preparing to carry out urgent reforms, taking advantage of the transposition of Directive 2017/17/EU of 4 February on credit contracts with consumers for residential real estate. A draft bill regulating real estate credit contracts is currently beginning its parliamentary procedure.


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El contrato de préstamo hipotecario ha sido tradicionalmente paradigma de certeza y seguridad jurídica. Su legalidad, fruto del doble control preventivo notarial y registral, era indiscutida y su eficacia estaba garantizada en caso de incumplimiento por medio de un procedimiento privilegiado, rápido y barato para el acreedor. Sabido es que hoy esta realidad ha cambiado de forma radical como consecuencia de los efectos económicos y sociales de la crisis padecida a partir del año 2008. En la actualidad, la validez de una gran parte del contenido de los contratos de préstamo hipotecario está sometida a incertidumbre. Sucesivamente han sido juzgadas y, muchas veces, anuladas por nuestros tribunales, la cláusula suelo, la de vencimiento anticipado por impago, la de imposición de los gastos al deudor, la de intereses de demora o la de afianzamiento. El Gobierno se dispone a acometer reformas urgentes aprovechando la trasposición de la Directiva 2017/17/UE de 4 de febrero sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Se trata del Anteproyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que se encuentra actualmente en trance de iniciar su tramitación parlamentaria.

Mortgage loan contracts have traditionally been a paradigm of legal certainty and security. Their legality, which was the consequence of a dual oversight by notaries and registries, was undisputed and their enforceability in the event of default was guaranteed by a procedure that was advantageous, swift, fast and cheap for the creditor. It is well known that this situation has since changed radically as a result of the economic and social effects of the recession that began in 2008. Today, the validity of a large proportion of the content of mortgage loan contracts is subject to uncertainty. The floor clause, the clause providing for early termination due to default, the clause imposing expenses on the debtor, the default interest rate clause and the securitisation clause have been the subject of legal proceedings and often been annulled by Spanish courts. The Spanish Government is preparing to carry out urgent reforms, taking advantage of the transposition of Directive 2017/17/EU of 4 February on credit contracts with consumers for residential real estate. A draft bill regulating real estate credit contracts is currently beginning its parliamentary procedure.


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