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La protección contractual de los consumidores 40 años después de la Constitución Española

por Pérez Hereza, Juan

Artículo
ISSN: 1885-009X
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El movimiento de defensa de los consumidores en nuestro país encontró refrendo constitucional, estableciendo en su artículo 51 la Constitución española que “Los pode-res públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.” La defensa y protección de los consumidores es, desde ese momento, un principio informador de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación delos poderes públicos (cfr. art. 53 CE). La protección contractual del consumidor es un objetivo difícil de conseguir por razones prácticas y teóricas, pero estas dificultades deben ser un incentivo para que el legislador y los operadores jurídicos trabajemos con más intensidad con el fin de conseguir contratos más justos y transparentes.

The consumer defence movement in Spain has had constitutional backing, as Article 51 of the Spanish Constitution stipulates that "The public authorities shall guarantee the protection of consumers and users and shall, by means of effective measures, safeguard their safety, health and legitimate financial interests." Ever since, the defence and protection of consumers has been a principle that informs positive legislation, judicial practice and the actions of public authorities (see Article 53 EC). Contractual protection for the consumer is a difficult objective to achieve for practical and theoretical reasons, but these difficulties should be an incentive for legislators and those involved in the legal system to work harder in order to obtain fairer and more transparent contracts.


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El movimiento de defensa de los consumidores en nuestro país encontró refrendo constitucional, estableciendo en su artículo 51 la Constitución española que “Los pode-res públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.” La defensa y protección de los consumidores es, desde ese momento, un principio informador de la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación delos poderes públicos (cfr. art. 53 CE). La protección contractual del consumidor es un objetivo difícil de conseguir por razones prácticas y teóricas, pero estas dificultades deben ser un incentivo para que el legislador y los operadores jurídicos trabajemos con más intensidad con el fin de conseguir contratos más justos y transparentes.

The consumer defence movement in Spain has had constitutional backing, as Article 51 of the Spanish Constitution stipulates that "The public authorities shall guarantee the protection of consumers and users and shall, by means of effective measures, safeguard their safety, health and legitimate financial interests." Ever since, the defence and protection of consumers has been a principle that informs positive legislation, judicial practice and the actions of public authorities (see Article 53 EC). Contractual protection for the consumer is a difficult objective to achieve for practical and theoretical reasons, but these difficulties should be an incentive for legislators and those involved in the legal system to work harder in order to obtain fairer and more transparent contracts.


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