La nueva directiva europea de protección del denunciante: un análisis desde el Derecho Público

El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo aprobó, con 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones, el texto de la Directiva europea para la protección del denunciante. Este texto, además de confirmar la consolidación de la estrategia de integridad como uno de los pilares del funcionamiento de la UE, marca un antes y un después en la materia, exigiendo una armonización considerablemente intensa, lo cual, especialmente en países como España, que aún no cuentan con una regulación de protección del denunciante, implica la obligación de realizar importantes reformas en su transposición para dar cabida a una figura jurídica ajena a nuestra tradición legal. El presente artículo aborda un estudio, desde la perspectiva del Derecho Público y la situación actual en España, de las nuevas medidas impuestas por la Directiva, su alcance subjetivo y objetivo, los nuevos canales de información que exige o las medidas más relevantes en la protección de los denunciantes, poniendo de relieve las principales líneas de actuación que deberán marcar la futura legislación nacional española.