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La crisis sanitaria COVID-19 y su incidencia en la contratación pública

por Gimeno Feliú, José María

Artículo
ISSN: 1889-0016
Madrid Iustel 2020
Ver otros artículos del mismo número: 86

La extensión del virus denominado COVID‑19 ha justificado, por su propagación mundial, la declaración de pandemia global, tal como ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de alerta
sanitaria de máximo nivel derivada de esta pandemia global ha justificado, ex artículo 116 CE, la declaración del estado de alarma, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en adelante RDEA), obligando, entre otras importantes medidas, a limitación máxima de actividad presencial, lo que ha impactado sobre la ejecución práctica de los contratos públicos vigentes.

Con anterioridad, al declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno aprobó también medidas con la finalidad de alinear la contratación pública a la situación de emergencia (Real Decreto Ley 7/2020). Medidas complementadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo)1. Como se ve, un “paquete jurídico” de medidas excepcionales ante una situación excepcional, que pretende, desde el Derecho, alinear un “escudo sanitario, económico y social” eficaz contra el impacto del COVID‑19.

La repercusión jurídica en la contratación pública y en los contratos públicos como consecuencia de la emergencia sanitaria puede agruparse en relación a los siguientes aspectos.

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN;
LA CRISIS COVID-19 COMO SUPUESTO DE FUERZA MAYOR;
LA HABILITACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE CONTRATOS PÚBLICOS ESENCIALES;
LA SUSPENSIÓN "AD HOC" Y SUS CONSECUENCIAS OPERADA POR EL REAL DECRETO LEY 8/2020;
LA ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE LAS PRESTACIONES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA;
LA COOPERACIÓN HORIZONTAL COMO HERRAMIENTA DE CONTENCIÓN DE LA ALERTA SANITARIA;
SEGURIDAD JURÍDICA Y PLAZOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.


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La extensión del virus denominado COVID‑19 ha justificado, por su propagación mundial, la declaración de pandemia global, tal como ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de alerta
sanitaria de máximo nivel derivada de esta pandemia global ha justificado, ex artículo 116 CE, la declaración del estado de alarma, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en adelante RDEA), obligando, entre otras importantes medidas, a limitación máxima de actividad presencial, lo que ha impactado sobre la ejecución práctica de los contratos públicos vigentes.

Con anterioridad, al declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno aprobó también medidas con la finalidad de alinear la contratación pública a la situación de emergencia (Real Decreto Ley 7/2020). Medidas complementadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo)1. Como se ve, un “paquete jurídico” de medidas excepcionales ante una situación excepcional, que pretende, desde el Derecho, alinear un “escudo sanitario, económico y social” eficaz contra el impacto del COVID‑19.

La repercusión jurídica en la contratación pública y en los contratos públicos como consecuencia de la emergencia sanitaria puede agruparse en relación a los siguientes aspectos.

Tabla de Contenidos

INTRODUCCIÓN;
LA CRISIS COVID-19 COMO SUPUESTO DE FUERZA MAYOR;
LA HABILITACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE CONTRATOS PÚBLICOS ESENCIALES;
LA SUSPENSIÓN "AD HOC" Y SUS CONSECUENCIAS OPERADA POR EL REAL DECRETO LEY 8/2020;
LA ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE LAS PRESTACIONES A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA;
LA COOPERACIÓN HORIZONTAL COMO HERRAMIENTA DE CONTENCIÓN DE LA ALERTA SANITARIA;
SEGURIDAD JURÍDICA Y PLAZOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.


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