El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho comparado España Estado de alarma

El Derecho de excepción español prevé tres estados (alarma, excepción y sitio). De entre ellos, el estado de alarma es el previsto para hacer frente, entre otros supuestos, a las “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.
La crisis sanitaria provocada por la pandemia internacional del COVID-19 ha llevado al Gobierno de España a declarar el 14 de marzo del 2020 el estado de alarma en todo el territorio nacional.
La declaración del estado de alarma supone un acontecimiento extraordinario para la práctica constitucional española, ya que hasta ahora solamente existía un precedente –la declaración de 2010 como respuesta a la crisis de los controladores aéreos–. También supone el inicio de un procedimiento excepcional por su repercusión sobre el funcionamiento de las instituciones constitucionales, ya que, entre otros aspectos, se pone en relieve la capacidad de control por parte del Congreso de los Diputados y de la Justicia sobre la acción del Gobierno, actor principal en el estado de alarma, así como la relación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Se han adoptado medidas que tienen un gran impacto sobre la vida social y económica del país, tales como la limitación de la libertad de circulación, el confinamiento forzoso de los ciudadanos, la intervención de industrias, la paralización de la actividad económica no esencial, etc.
La incidencia de las medidas adoptadas sobre los derechos de los ciudadanos y sobre el funcionamiento de las instituciones ha propiciado un debate doctrinal sobre si, en vez del estado de alarma, debería de haberse declarado el estado de excepción.
Por todo ello, resulta necesario detenerse a analizar el régimen jurídico del estado de alarma en Derecho español, así como su última aplicación.