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Neutralidad de los poderes públicos y símbolos políticos

por Celador Angón, Oscar

Artículo
ISSN: 1696-9650
Madrid IUSTEL 2020
Ver otros artículos del mismo número: 53

La Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos como una de las señas de identidad de nuestro modelo político y jurídico. La neutralidad se conforma como un presupuesto para la convivencia pacífica de aquellos que tienen diferentes convicciones, ideas y opiniones, en una sociedad plural y democrática. Sin embargo, pese a que a priori el alcance y contenido del principio de neutralidad ha sido definido de forma precisa en nuestro ordenamiento jurídico, en numerosos supuestos las decisiones de algunos gestores públicos de colocar determinados símbolos en los espacios tutelados por los poderes públicos han obligado a los tribunales a pronunciarse sobre este particular.
Con este objeto, en la primera parte de nuestro estudio se analiza cómo se configura el principio de neutralidad en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito político como ideológico y religioso. En la segunda parte de la investigación se estudian las decisiones de los tribunales en tres contextos: el cumplimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, especialmente en el ámbito municipal; la exhibición de símbolos políticos en eventos públicos; y por último la exhibición de símbolos políticos partidistas en espacios tutelados por los poderes públicos durante los procesos electorales, analizando tanto las resoluciones de la Junta Electoral Central como la jurisprudencia de Tribunal Supremo.

Tabla de Contenidos

I. CONSIDERACIONES INICIALES
II. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD
III. SÍMBOLOS POLÍTICOS Y ESPACIOS TUTELADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS
1. Banderas y espacios tutelados por los poderes públicos
1. 1. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas
1. 2. La problemática municipal
2 Símbolos políticos y eventos públicos
3. Símbolos políticos y procesos electorales
3.1. Junta Electoral Central
3.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo
IV. CONSIDERACIONES FINALES


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La Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos como una de las señas de identidad de nuestro modelo político y jurídico. La neutralidad se conforma como un presupuesto para la convivencia pacífica de aquellos que tienen diferentes convicciones, ideas y opiniones, en una sociedad plural y democrática. Sin embargo, pese a que a priori el alcance y contenido del principio de neutralidad ha sido definido de forma precisa en nuestro ordenamiento jurídico, en numerosos supuestos las decisiones de algunos gestores públicos de colocar determinados símbolos en los espacios tutelados por los poderes públicos han obligado a los tribunales a pronunciarse sobre este particular.
Con este objeto, en la primera parte de nuestro estudio se analiza cómo se configura el principio de neutralidad en nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito político como ideológico y religioso. En la segunda parte de la investigación se estudian las decisiones de los tribunales en tres contextos: el cumplimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, especialmente en el ámbito municipal; la exhibición de símbolos políticos en eventos públicos; y por último la exhibición de símbolos políticos partidistas en espacios tutelados por los poderes públicos durante los procesos electorales, analizando tanto las resoluciones de la Junta Electoral Central como la jurisprudencia de Tribunal Supremo.

Tabla de Contenidos

I. CONSIDERACIONES INICIALES
II. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD
III. SÍMBOLOS POLÍTICOS Y ESPACIOS TUTELADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS
1. Banderas y espacios tutelados por los poderes públicos
1. 1. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas
1. 2. La problemática municipal
2 Símbolos políticos y eventos públicos
3. Símbolos políticos y procesos electorales
3.1. Junta Electoral Central
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