Inteligencia artificial y justicia administrativa: una aproximación desde la teoría del control de la Administración Pública

El uso de la inteligencia artificial en el sector público es creciente y, en consecuencia, el establecimiento de un adecuado sistema de garantías jurídicas previas y a posteriori resulta imprescindible desde la óptica del Estado de Derecho. Esta misma óptica dicta, según el paradigma ortodoxo, que la última parcela de control y, en consecuencia, de garantías se residencia en los órganos jurisdiccionales. El presente trabajo se centra en este aspecto y ello desde una doble vertiente.
Por un lado, los órganos jurisdiccionales son, como se indicaba, quienes en última instancia controlan el uso por el sector público de la inteligencia artificial en diversas manifestaciones. Cabe plantearse si la justicia administrativa, tal y como se encuentra configurada a día de hoy, resulta apta para dar respuesta a esta necesidad. Este interrogante se ha planteado ya y conviene profundizar en el mismo, toda vez que el sistema de selección de jueces y de composición de los órganos jurisdiccionales requiere probablemente una revisión para permitir que quienes imparten justicia posean las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones. En este sentido, el apoyo de personal técnico o la integración del mismo en dichos órganos jurisdiccionales son aspectos a tener en consideración.
Por otro lado, se propone reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones o por otros sujetos que participan del proceso. Entre las cuestiones a tratar se encuentran los sistemas de predicción de resoluciones judiciales (cabe mencionar aquí la reciente y polémica prohibición en Francia de la publicidad de estos datos) o el uso de algoritmos en la práctica judicial.