Informe Final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos

Este documento es el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC). En él se defiende la necesidad de alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio y largo plazo.
En cuanto al contenido de la estrategia, el informe avanza una propuesta sobre sus elementos esenciales, distinguiendo entre el corto y el largo plazo. En estos momentos, la principal tarea que tenemos que abordar de forma inmediata, además de controlar los rebrotes de la pandemia, consiste en adaptar las medidas de protección a empresas, trabajadores y hogares tomadas en los primeros momentos de la crisis con el fin de impulsar la reactivación de la actividad económica y evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades con mejores perspectivas de futuro. Parte del reto consistirá en adaptar las medidas de carácter general, como los ERTEs o los préstamos con garantías públicas, a las necesidades de los distintos sectores y en acertar con las medidas específicas de apoyo a sectores de gran peso en nuestra economía y considerable valor estratégico, como el turismo y la automoción, a los que no podemos renunciar.
A largo plazo, el objetivo fundamental de nuestra política económica ha de ser un
crecimiento robusto, inclusivo y sostenible. Hemos de dar prioridad a todas aquellas actuaciones y reformas que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía española y a reducir su tasa de desempleo estructural porque esto redundará no sólo en una mejora del nivel de vida medio de la población y una menor desigualdad sino también en un aumento de los ingresos tributarios que ayudará a financiar las elevadas necesidades de gasto ligadas a la lucha contra la enfermedad y sus secuelas y nos permitirá ofrecer unos mejores servicios públicos y prestaciones sociales sin elevar la presión fiscal. Para alcanzar estos objetivos contamos con dos instrumentos fundamentales: la política de inversión, entendida en sentido amplio para incluir la acumulación de activos intangibles, especialmente el capital humano, y las reformas estructurales encaminadas a mejorar el funcionamiento de ciertos mercados clave o de distintos elementos o herramientas del sector público. En relación con este segundo instrumento, la crisis puede ser una oportunidad que no deberíamos desaprovechar para abordar reformas en profundidad que serían bastante más difíciles de implementar en tiempos normales.
El informe deja abiertas algunas cuestiones que han de ser objeto de una negociación política apoyada en análisis más cuidadosos de costes, beneficios y posibilidades presupuestarias. Una de ellas es hasta qué punto deberíamos endeudarnos ahora con el fin de disponer de más recursos para combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales. Otra es cómo asignar estos recursos entre distintas medidas y prioridades-- entre programas de sustitución de rentas y protección social, mecanismos horizontales de apoyo al tejido productivo y ayudas específicas a determinados sectores. Y la tercera tiene que ver con la composición de la cesta de medidas tributarias y actuaciones de contención y racionalización del gasto que será necesaria para pagar la inevitable factura de la crisis.