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Actividades urbanísticas delictivas, crisis económica y corrupción: responsabilidad de las personas jurídicas
En este trabajo se someten a examen los resortes con los que cuenta el Código penal para hacer frente a las actividades urbanísticas. En ellas entran en relación, por una parte, particulares interesados económicamente en unos determinados usos del suelo y por la otra, los funcionarios públicos y autoridades que deben adoptar aquellas decisiones, poniendo el acento no ya en los tradicionales sujetos individuales sino en las personas jurídicas que se amparan para actuar (públicas como las Administraciones públicas y las sociedades mercantiles públicas, y privadas, como las empresas constructoras y promotoras). El estudio tiene en consideración la incidencia de dichas actividades en la gran recesión que comenzó en 2008 de la que aún no hemos sido capaces de salir.
I. Factores propiciadores de las actividades delictivas inherentes a la actuación urbanística.
II. El marco penal de referencia.
III. Responsabilidad de las empresas constructoras y PROMOTORAS (Arts. 319.4, 427 BIS Y 430).
IV. Responsabilidad penal en el ámbito de las administraciones públicas involucradas.
V. Conclusiones finales.
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En este trabajo se someten a examen los resortes con los que cuenta el Código penal para hacer frente a las actividades urbanísticas. En ellas entran en relación, por una parte, particulares interesados económicamente en unos determinados usos del suelo y por la otra, los funcionarios públicos y autoridades que deben adoptar aquellas decisiones, poniendo el acento no ya en los tradicionales sujetos individuales sino en las personas jurídicas que se amparan para actuar (públicas como las Administraciones públicas y las sociedades mercantiles públicas, y privadas, como las empresas constructoras y promotoras). El estudio tiene en consideración la incidencia de dichas actividades en la gran recesión que comenzó en 2008 de la que aún no hemos sido capaces de salir.
I. Factores propiciadores de las actividades delictivas inherentes a la actuación urbanística.
II. El marco penal de referencia.
III. Responsabilidad de las empresas constructoras y PROMOTORAS (Arts. 319.4, 427 BIS Y 430).
IV. Responsabilidad penal en el ámbito de las administraciones públicas involucradas.
V. Conclusiones finales.
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