Derechos y libertades y Estado de las Autonomías

La descentralización del Estado Español, iniciada en el proceso constituyente supuso la implantación de un nuevo modelo territorial de Estado, a medio camino entre el Estado federal y el centralizado.
La aprobación de los Estatutos se convirtió en el instrumento jurídico de creación de las Comunidades Autónomas y, en pocos años, el primer mapa autonómico quedó concluido. A partir de 2006 con la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía el problema competencial que se presenta es grave, pues las Comunidades Autónomas han asumido como competencias el desarrollo de los derechos denominados sociales y que suponen una proyección del Estado social que se propugna constitucionalmente. En el presente estudio se analiza la problemática acerca de la generalización de la inclusión de esos derechos en los Estatutos, pues podría ser cuestión discutible. Cierto es que se podría admitir que determinados derechos se recogieran en el texto estatutario, aunque sólo fuera como expresión del compromiso de los poderes autonómicos con la protección de los derechos de naturaleza social. Sin embargo, la proliferación de dichas declaraciones en los Estatutos ha ido modulando un elenco de derechos de distinta naturaleza que supuestamente deberían ser desarrollados mediante las correspondientes Leyes autonómicas.