El procedimiento restringido en la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

En este trabajo se da cuenta de cómo ha quedado regulado el procedimiento restringido en la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, «por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014». En general, mantiene la sistemática de su antecesor (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, «por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público»), pero también aporta algunas novedades que convendrá ir conociendo, como la exigencia de que los contratos de concesión de servicios especiales listados en el Anexo IV (servicios de carácter social, sanitario, educativo, investigación, seguridad y un largo etcétera) se adjudiquen siempre mediante el procedimiento restringido. Además, la Ley considera especialmente adecuado este procedimiento cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como algunos servicios de consultoría, arquitectura o ingeniería, por lo que, si bien no lo impone, recomienda el procedimiento restringido para ciertos contratos. Otra nueva previsión de la Ley para el procedimiento restringido es que, en contratos de servicios cuya presentación implique la realización de determinados desarrollos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares puedan contemplar primas o compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta.