La efectividad de las pruebas penales obtenidas en el marco de la futura normativa europea relativa a la obtención y conservación de pruebas electrónicas

La misma realidad virtual que, en no pocos casos, nos ha servido de tabla de salvación durante los meses de confinamiento que ha sufrido la humanidad en tiempos del COVID-19, y que nos ha permitido comunicarnos con nuestros seres queridos, y para obtener servicios y bienes que de otra forma era imposible adquirir, está dificultando de forma inquietante la investigación y persecución penal del delito y, de forma específica, la obtención de pruebas cuando las mismas se encuentran almacenadas por proveedores de servicios radicados en países no pertenecientes a la UE. La formulación de instrumentos jurídicos a nivel europeo, curiosamente pensados en una era pre COVID, puede servir para paliar estas dificultades de obtención de pruebas de un delito de naturaleza transnacional. En este artículo se analizan las ventajas de dicho diseño, pero también se pone de manifiesto las deficiencias que, en caso de no ser tenidas en cuenta por el legislador europeo, puede dar al traste con la finalidad para la que están previstas.