Las tasas judiciales y la responsabilidad civil informe 2/2013

La publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha provocado una excepcional polémica en el ámbito de la Justicia española. Promulgada contra el criterio generalizado de los profesionales de la justicia, y muy especialmente frente a la opinión mayoritaria de los abogados, contiene una multiplicidad de variantes que suponen una muy arriesgada interpretación de principios jurídicos y constitucionales especialmente conectados con los derechos fundamentales que -sin lugar a dudas- ha de derivar en adversidades, incomprensiones y singulares discrepancias jurídicas en su aplicación práctica real. La edulcoración de la norma anterior mediante el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita no ha venido ni mucho menos a solventar el problema. Se trata de abordar aquí una de esas variantes, vinculada a uno de los ámbitos más clásicos de la actuación profesional de los abogados: la exigencia de responsabilidad civil en el seno de las relaciones jurídicas. Al hilo de los hitos ordinarios de los procedimientos y procesos vinculados a la exigencia de responsabilidad civil o a su defensa frente a tal requerimiento, se pretende evidenciar el cúmulo de contrariedades y problemas que subyacen en una medida legislativa que, por contraproducente, ha de resultar necesariamente nociva. Agrupados bajo diferentes epígrafes recorreremos algunos de los más evidentes y próximos efectos negativos que han de traer causa de una norma legal ya exigible. Y todo ello pese al Real Decreto Ley 3/2013.