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La regulación de la función de "lobby" por los despachos de abogados en la Unión Europea informe nº 11/2011

por Consejo General de la Abogacía Española

Capítulo
Valencia Tirant lo Blanch 2012
Ver el libro de este capítulo: Informes 2011

La defensa de intereses personales, colectivos o empresariales mediante la actividad de "lobby" tiene una amplia tradición en los Estados Unidos, donde hunde sus raíces en el "derecho de pedir" - "right to petition", introducido en la Constitución de los Estados Unidos a través de su Primera Enmienda. Es por ello que el ejercicio del "lobby" está ampliamente regulado en los Estados Unidos, donde se han ido promulgando diversas normas que, en esencia, se encuentran orientadas a un objetivo de transparencia, de manera que la actividad del "lobby" sea conocida y reconocida, la identidad del grupo de interés al que representa sea pública, y sus relaciones con los altos cargos de los poderes ejecutivo y legislativo se rijan por unas normas éticas. En Europa, los "lobbies" no han sido institucionalmente reconocidos y, por tanto, regulados, hasta hace relativamente poco, pese a que vienen desarrollando una intensa labor en el ámbito de la Unión Europea. La actividad de "lobby", como mecanismo de expresión y defensa de los intereses de personas o de organizaciones, es legítima, y constituye un mecanismo de expresión de la Sociedad Civil y de su participación en la conformación de las políticas públicas y de la legislación. Sin embargo, para que esta actividad se desarrolle en términos de igualdad entre todos los actores interesados, y para que los decisores públicos dispongan de la posibilidad de contrastar las opiniones e intereses de todos los agentes de la Sociedad Civil concernidos por una determinada medida o norma, es imprescindible establecer mecanismos de transparencia y participación que regulen la actuación de los "lobbies" y que eviten la eventual monopolización de la actividad por algunos agentes que consigan primar sus intereses mediante la exclusión de otros grupos. Igualmente, es esencial articular sistemas que eviten y penalicen aquellas prácticas no éticas tanto de los "lobbies" como de los cargos públicos a los que aquellos tienen acceso. Para conseguir todo lo anterior, medidas como los registros públicos recientemente implantados en la Unión Europea resultan de utilidad, y sería de esperar que este tipo de regulación vaya haciéndose un sitio también a nivel nacional, dada la inexistencia de normativa española específica para los "lobbies" y sus relaciones con los poderes públicos.

Tabla de Contenidos

Índice:
[Definición y consideraciones del concepto de "lobby"];
Código de conducta.


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La defensa de intereses personales, colectivos o empresariales mediante la actividad de "lobby" tiene una amplia tradición en los Estados Unidos, donde hunde sus raíces en el "derecho de pedir" - "right to petition", introducido en la Constitución de los Estados Unidos a través de su Primera Enmienda. Es por ello que el ejercicio del "lobby" está ampliamente regulado en los Estados Unidos, donde se han ido promulgando diversas normas que, en esencia, se encuentran orientadas a un objetivo de transparencia, de manera que la actividad del "lobby" sea conocida y reconocida, la identidad del grupo de interés al que representa sea pública, y sus relaciones con los altos cargos de los poderes ejecutivo y legislativo se rijan por unas normas éticas. En Europa, los "lobbies" no han sido institucionalmente reconocidos y, por tanto, regulados, hasta hace relativamente poco, pese a que vienen desarrollando una intensa labor en el ámbito de la Unión Europea. La actividad de "lobby", como mecanismo de expresión y defensa de los intereses de personas o de organizaciones, es legítima, y constituye un mecanismo de expresión de la Sociedad Civil y de su participación en la conformación de las políticas públicas y de la legislación. Sin embargo, para que esta actividad se desarrolle en términos de igualdad entre todos los actores interesados, y para que los decisores públicos dispongan de la posibilidad de contrastar las opiniones e intereses de todos los agentes de la Sociedad Civil concernidos por una determinada medida o norma, es imprescindible establecer mecanismos de transparencia y participación que regulen la actuación de los "lobbies" y que eviten la eventual monopolización de la actividad por algunos agentes que consigan primar sus intereses mediante la exclusión de otros grupos. Igualmente, es esencial articular sistemas que eviten y penalicen aquellas prácticas no éticas tanto de los "lobbies" como de los cargos públicos a los que aquellos tienen acceso. Para conseguir todo lo anterior, medidas como los registros públicos recientemente implantados en la Unión Europea resultan de utilidad, y sería de esperar que este tipo de regulación vaya haciéndose un sitio también a nivel nacional, dada la inexistencia de normativa española específica para los "lobbies" y sus relaciones con los poderes públicos.

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