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Las posibilidades de reacción del abogado en caso de retraso en las audiencias públicas informe nº 8/2011
En el presente informe se plasman algunas reflexiones sobre las causas de que no haya denuncia ni sanción por retraso en los horarios de las audiencias públicas y sobre las posibles vías de solución. A efectos de considerar la situación actual de la cuestión, se ha realizado un análisis de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo sobre el régimen disciplinario de los Jueces y Magistrados, así como la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, y la conclusión consiste simplemente en la constatación de que, aunque hay frecuentísimos retrasos en la celebración de las audiencias, son muy pocos los procedimientos disciplinarios que se tramitan y muchos menos los que terminan en la imposición de sanción al Juez o Magistrado responsable.
I. Consideraciones previas;
II. La situación actual: los retrasos son frecuentes y las sanciones infrecuentes;
III. Inexistencia de un sistema eficaz de vigilancia y sanción;
IV. La intervención de los Colegios de Abogados para formular denuncia y para recurrir contra el acuerdo de archivo;
Conclusiones.
- Formato: PDF
- Número de páginas: 11
- Tamaño: 86 Kb.
En el presente informe se plasman algunas reflexiones sobre las causas de que no haya denuncia ni sanción por retraso en los horarios de las audiencias públicas y sobre las posibles vías de solución. A efectos de considerar la situación actual de la cuestión, se ha realizado un análisis de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo sobre el régimen disciplinario de los Jueces y Magistrados, así como la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, y la conclusión consiste simplemente en la constatación de que, aunque hay frecuentísimos retrasos en la celebración de las audiencias, son muy pocos los procedimientos disciplinarios que se tramitan y muchos menos los que terminan en la imposición de sanción al Juez o Magistrado responsable.
I. Consideraciones previas;
II. La situación actual: los retrasos son frecuentes y las sanciones infrecuentes;
III. Inexistencia de un sistema eficaz de vigilancia y sanción;
IV. La intervención de los Colegios de Abogados para formular denuncia y para recurrir contra el acuerdo de archivo;
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