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La aplicación del recurso cameral permanente a la actividad profesional de los abogados informe nº 10/2011

por Consejo General de la Abogacía Española

Capítulo
Valencia Tirant lo Blanch 2012
Ver el libro de este capítulo: Informes 2011

Se ha solicitado informe sobre la aplicación del recurso cameral permanente a la actividad profesional de los Abogados. Desde la entrada en vigor de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, se plantearon numerosos litigios ante los Tribunales por parte de profesionales o empresarios que consideraban que su actividad no estaba incluida en el ámbito definido por el artículo 6 de dicha Ley, y que por tanto se encontraban exentos del pago del recurso cameral permanente. Con carácter general, los tribunales (tanto económico-administrativos como contencioso-administrativos) fallaron a favor de las Cámaras, y obligaron por tanto a los demandantes al pago del recurso cameral. En este sentido, es muy relevante el hecho de que el Tribunal Constitucional, en la STC 107/1996, de 12 de junio, declarase constitucionales los artículos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1993, que establecían la adscripción obligatoria a las Cámaras de aquellos que cumplieran los requisitos establecidos por la Ley.

Tabla de Contenidos

I. Introducción;
II. Aplicación a los despachos de abogados;
Conclusiones.


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Se ha solicitado informe sobre la aplicación del recurso cameral permanente a la actividad profesional de los Abogados. Desde la entrada en vigor de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, se plantearon numerosos litigios ante los Tribunales por parte de profesionales o empresarios que consideraban que su actividad no estaba incluida en el ámbito definido por el artículo 6 de dicha Ley, y que por tanto se encontraban exentos del pago del recurso cameral permanente. Con carácter general, los tribunales (tanto económico-administrativos como contencioso-administrativos) fallaron a favor de las Cámaras, y obligaron por tanto a los demandantes al pago del recurso cameral. En este sentido, es muy relevante el hecho de que el Tribunal Constitucional, en la STC 107/1996, de 12 de junio, declarase constitucionales los artículos 6, 12 y 13 de la Ley 3/1993, que establecían la adscripción obligatoria a las Cámaras de aquellos que cumplieran los requisitos establecidos por la Ley.

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