La Ley General de Salud Pública: universalización de la asistencia sanitaria pública gratuita y suerte de las prestaciones sanitarias de la seguridad social

La reciente Ley General de Salud Pública dice extender el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles. Vuelve a plantearse así la cuestión de la subsistencia o no de la «asistencia sanitaria de la Seguridad Social», concepto que entró en crisis a partir de la Ley General de Sanidad de 1986, pero que ha resistido hasta ahora en el texto de la Ley General de la Seguridad Social, posibilitando que haya personas con derecho a asistencia sanitaria pública gratuita, frente a otras obligadas al pago de su coste; diferenciación carente de justificación desde que la asistencia de las primeras dejara de ser financiada con sus cotizaciones y pasara a serlo con los recursos públicos generales, y que por fin es corregida con la universalización dispuesta por la nueva Ley. Sin embargo, salvo para los desempleados con prestaciones agotadas, la efectividad de la medida tendrá que esperar a un posterior desarrollo reglamentario, a acometer cuando las cuentas públicas lo permitan, de manera que el asunto sigue por el momento exactamente igual que estaba, pues eso mismo (la futura generalización de la asistencia sanitaria pública gratuita) viene prometiendo desde hace veinticinco años la Ley General de Sanidad. Hasta que se cumpla, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, con ese déficit de igualdad constitucional, seguirá existiendo como concepto jurídico.

The recent General Public Health Law states that it will extend the right to public health care to all the Spanish population. The question of the subsistence or not of the Social Security health care has once again been raised, a concept which already went through a crisis after the General Health Law of 1986, but this, however, has remained in the text of the General Social Security Law until now, meaning that some people are eligible for free public health care, whereas others have to pay for the costs; this differentiation has lacked justification when the healthcare of the first group stopped being financed by their contribution and began to be financed by the general public resources, and has finally been corrected with the universalization stipulated in the new Law. However, except for the unemployed whose benefits have come to an end, the effectiveness of the measure will have to wait for a subsequent regulatory implementation, to be carried out whenever the public finances can afford to do so. Consequently, the matter is still exactly the same as it was before, as the General Health Law has been promising the future generalization of free public health care for the last twenty-five years. Until this is upheld, Social Security health care will still exist as a legal concept, in spite of this deficiency in constitutional equality.