Diccionario panhispánico del español jurídico

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El preámbulo del Estatuto catalán como manifestación del Estado neoautonómico

por Ruiz Robledo, Agustín

Artículo
ISSN: 1886-6212
Madrid Iustel 2011
Ver otros artículos del mismo número: 13

El Estado autonómico distingue dos planos normativos: el superior de la Constitución, expresión de la soberanía del pueblo español, y el secundario -y derivado del anterior- de los Estatutos, productos del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta distinción, pensada por el constituyente para establecer dos tipos de autonomía, perdió casi toda su importancia al constituirse todo el territorio en Comunidades Autónomas con poder legislativo y muy similares competencias. Desde diciembre de 2002 las principales fuerzas políticas catalanas se propusieron lograr un nuevo Estatuto que garantizara las cotas de autogobierno que -según ellas- debería de haberle supuesto el Estado autonómico. Para lograrlo, aprobaron en septiembre de 2005 un proyecto de Estatuto fundamentado en que Cataluña era una nación, más relevante por tanto que una nacionalidad; lo que le permitía una relación bilateral con el Estado hasta el punto de poder vetar las decisiones estatales que afectaran a Cataluña y fijar su solidaridad financiera con el resto de España. Las Cortes Generales modificaron profundamente el proyecto remitido por el Parlament catalán, pero no hasta el punto de atraer al Partido Popular, que no soló votó en contra sino que presentó un amplio recurso de inconstitucionalidad en julio de 2006.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer recurso extenso contra un Estatuto refrendado por el cuerpo electoral negó que la Constitución permitiera definir a Cataluña como nación, si bien no anuló las afirmaciones en ese sentido del Preámbulo sino que las declaró sin eficacia interpretativa. Por eso, la Sentencia 30/2011 impide la transformación del carácter nacional del Estado autonómico vía normas subconstitucionales.

The Autonomous State distinguishes two regulatory levels: the primary being that of the Constitution, the expression of the sovereignty of the Spanish people, and the secondary, derived from the former; that of the autonomous statutes, products of law of the autonomy of the nationalities and regions. This distinction, intended by the drafters of the Constitution to establish two types of autonomy, lost most of its importance when the entire national territory created autonomous regions with similar legislative power and competences. Since December 2002 the main Catalan political forces set out to achieve a new statute that would guarantee the levels of self-government that - according to them - they should have, as a consequence of the autonomous state. To achieve this, in September 2005, Catalonia approved a draft statute based on Catalonia being a nation, more relevant, therefore, than nationality.This would allow a bilateral relationship with the state to the point of being able to veto Spanish government decisions affecting Catalonia and to fix its financial relationship with the rest of Spain. The Spanish Parliament profoundly altered the draft remitted to it by the Catalan Parliament, but not to the point of satisfying the Popular Party, who not only voted against it but also lodged a comprehensive appeal on grounds of unconstitutiopnality to the Constitutional Court in July 2006.
The Constitutional Court on the first comprehensive appeal against a statute endorsed by the electorate held on 30 June 2011 that the Constitution did not permit Catalonia to be defined as a nation, although it did not annul the claims in this regard set out in the Preamble but declared them to be without interpretive validity. Therefore, its Judgment 30/2011 prevents the transformation of the national character of the autonomous State via subconstitucional laws.

Tabla de Contenidos

I. Algunos conceptos de teoría general en el primer estado autonómico
II. Los nuevos planteamientos de la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña
III. La concepción de la sentencia 31/2010 sobre el contenido del preámbulo y su valor jurídico
IV. Conclusión: el estado neoautonómico, sigue la tela de Penélope de la distribución territorial del poder político.


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El Estado autonómico distingue dos planos normativos: el superior de la Constitución, expresión de la soberanía del pueblo español, y el secundario -y derivado del anterior- de los Estatutos, productos del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta distinción, pensada por el constituyente para establecer dos tipos de autonomía, perdió casi toda su importancia al constituirse todo el territorio en Comunidades Autónomas con poder legislativo y muy similares competencias. Desde diciembre de 2002 las principales fuerzas políticas catalanas se propusieron lograr un nuevo Estatuto que garantizara las cotas de autogobierno que -según ellas- debería de haberle supuesto el Estado autonómico. Para lograrlo, aprobaron en septiembre de 2005 un proyecto de Estatuto fundamentado en que Cataluña era una nación, más relevante por tanto que una nacionalidad; lo que le permitía una relación bilateral con el Estado hasta el punto de poder vetar las decisiones estatales que afectaran a Cataluña y fijar su solidaridad financiera con el resto de España. Las Cortes Generales modificaron profundamente el proyecto remitido por el Parlament catalán, pero no hasta el punto de atraer al Partido Popular, que no soló votó en contra sino que presentó un amplio recurso de inconstitucionalidad en julio de 2006.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer recurso extenso contra un Estatuto refrendado por el cuerpo electoral negó que la Constitución permitiera definir a Cataluña como nación, si bien no anuló las afirmaciones en ese sentido del Preámbulo sino que las declaró sin eficacia interpretativa. Por eso, la Sentencia 30/2011 impide la transformación del carácter nacional del Estado autonómico vía normas subconstitucionales.

The Autonomous State distinguishes two regulatory levels: the primary being that of the Constitution, the expression of the sovereignty of the Spanish people, and the secondary, derived from the former; that of the autonomous statutes, products of law of the autonomy of the nationalities and regions. This distinction, intended by the drafters of the Constitution to establish two types of autonomy, lost most of its importance when the entire national territory created autonomous regions with similar legislative power and competences. Since December 2002 the main Catalan political forces set out to achieve a new statute that would guarantee the levels of self-government that - according to them - they should have, as a consequence of the autonomous state. To achieve this, in September 2005, Catalonia approved a draft statute based on Catalonia being a nation, more relevant, therefore, than nationality.This would allow a bilateral relationship with the state to the point of being able to veto Spanish government decisions affecting Catalonia and to fix its financial relationship with the rest of Spain. The Spanish Parliament profoundly altered the draft remitted to it by the Catalan Parliament, but not to the point of satisfying the Popular Party, who not only voted against it but also lodged a comprehensive appeal on grounds of unconstitutiopnality to the Constitutional Court in July 2006.
The Constitutional Court on the first comprehensive appeal against a statute endorsed by the electorate held on 30 June 2011 that the Constitution did not permit Catalonia to be defined as a nation, although it did not annul the claims in this regard set out in the Preamble but declared them to be without interpretive validity. Therefore, its Judgment 30/2011 prevents the transformation of the national character of the autonomous State via subconstitucional laws.

Tabla de Contenidos

I. Algunos conceptos de teoría general en el primer estado autonómico
II. Los nuevos planteamientos de la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña
III. La concepción de la sentencia 31/2010 sobre el contenido del preámbulo y su valor jurídico
IV. Conclusión: el estado neoautonómico, sigue la tela de Penélope de la distribución territorial del poder político.


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