Aproximación a la ilegalización de Batasuna y Bildu desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este artículo examina los criterios de ilegalización de partidos políticos que apoyan las actividades terroristas. Explica las normas y principios que orientan a los Estados parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los supuestos de ilegalización de partidos que contravienen el orden público establecido por las normas constitucionales. A través de la jurisprudencia, el artículo explora los conceptos invocados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se enjuician las pruebas de colaboración activa con la violencia por parte de los partidos políticos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos permite a los Estados establecer ciertas limitaciones al ejercicio de los derechos políticos cuando “persigan un fin legítimo”, estén “previstas por ley” y sean “necesarias en una sociedad democrática” en interés de la seguridad nacional. Desde un enfoque caso por caso, el artículo analiza estos elementos dentro del margen de apreciación de los Estados y centra la investigación en el contexto de Batasuna y los casos sometidos a los tribunales españoles; como los de SORTU y BILDU. La finalidad última es revelar el dilema que se produce cuando se limitan los derechos de los partidos que simpatizan y colaboran con los grupos terroristas sin que los tribunales tengan elementos de prueba y evidencias suficientes para determinar su apoyo efectivo a la violencia

This article focuses on the tests for the banning of political parties that support terrorist activity. It aims to explain the norms and principles guiding the States parties to the Convention of Human Rights when banning political parties that contravene the public order established by constitutional norms. Through the analysis of the jurisprudence, the article explores the concepts invoked by the European Court of Human Right when judging the evidence of the political party’s active support of violence. In the interest of national security, the European Convention on Human Rights allows the States to impose some restraints on the exercise of the political rights when they “pursued a legitimate aim”, and they are “prescribed by law” and “necessary in a democratic society”. From a case by case approach, the article analyses these elements under the margin of appreciation of the States and focuses the research in the context of Batasuna and the cases submitted to the Spanish Courts; such SORTU and BILDU. The final aim is to reveal the dilemma in restricting the rights of parties which sympathize and collaborate with terrorist groups when the courts cannot prove relevant and enough evidence of the party’s effective support of violence.