Servicio Público

Es ya larga la controversia social y jurídica que plantea en nuestro país la instalación de antenas de telefonía móvil (técnicamente, instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación), sobre todo en los núcleos urbanos. Como es sabido, la falta de un criterio científico concluyente sobre los efectos que producen en el ser humano las emisiones radioeléctricas derivadas de esas instalaciones, confrontada con el interés tanto público como privado, de las operadoras de telecomunicaciones, por universalizar la prestación de estos servicios ofreciendo la mejor cobertura posible a una extensión cada vez mayor de territorio y población, produce conflictos jurídicos de difícil resolución. Aun ostentando el Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación, los Ayuntamientos han ido haciendo valer de manera progresiva sus propias competencias, especialmente en materia urbanística y medioambiental, para introducir restricciones a la implantación de las instalaciones e infraestructuras de radiocomunicación que van más allá de las previstas en la normativa estatal. La sentencia seleccionada es un buen ejemplo de la tolerancia cada vez mayor que esa intervención municipal encuentra en la jurisprudencia [...]