Contratación administrativa

Esta sentencia pone fin a una de las batallas de la gran guerra jurídica planteada en torno al contrato para la privatización de la gestión del servicio de abastecimiento el agua en la cuenca del Ter-Llobregat, en Cataluña. Como es sabido, el Gobierno autonómico convocó en 2012 un concurso para la adjudicación de este contrato de gestión de servicios públicos, cuyo canon, de cerca de 298 millones de euros, resultaba vital en aquellos momentos para cuadrar las cuentas autonómicas y atender necesidades financieras urgentes. Además, la adjudicación del contrato implicaba, según se desprende del auto, que determinadas partidas dejaran de computarse como déficit de la Administración autonómica, lo que resultaba necesario para que sus cuentas cumplieran la normativa de estabilidad presupuestaria. La adjudicación del contrato a la agrupación liderada por Acciona fue impugnada por el otro licitador (otra agrupación liderada por Aguas de Barcelona) ante el órgano creado por la Ley autonómica para la resolución de los recursos contra la adjudicación de contratos, órgano que en aquel momento era unipersonal, rompiendo el criterio colegiado acogido con carácter general [...]