La obligada reforma del sistema penal español para implantar un modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas

El aumento de la criminalidad mediante la utilización de las personas jurídicas ha provocado que los sistemas penales de numerosos países hayan abandonado en los últimos años la máxima societas delinquere non potest, por lo que, siguiendo los postulados establecidos en distintos convenios internacionales de Naciones Unidas, la OCDE, el Consejo de Europa y la Unión Europea, se ha introducido como sujeto de Derecho Penal a las personas jurídicas. Así se ha hecho en España a partir de la aprobación de la reforma del Código Penal de 2010, modificaciones que muy difícilmente van a poder ser llevadas a la práctica por cuanto el legislador penal se ha olvidado de realizar los ajustes necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El reto en los próximos meses está en aprobar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se recojan los aspectos básicos que posibiliten, sin merma de garantías, la entrada de la persona jurídica en el proceso penal como imputada.

The role of legal person in criminal activities has become more and more important: therefore many legislators are abandoning the maximum societas delinquere non potest. Following the principles laid down in different international legal instruments adopted within the United Nations, the OECD, the Council of Europe and the European Union, legal persons are considered persons in criminal law. Within this framework, spanish recent reform of Penal Code adopted in 2010 introduces the criminal responsibility for legal persons; this change will hardly be put into practice since legislator has forgotten to make the necessary adjustments in the Ley de Enjuiciamiento Criminal. The challenge now is to reform Ley de Enjuiciamiento Criminal taking into account that liability of legal persons cannot mean a loss of safeguards.