Algunas consideraciones sobre la regulación española de la medida de alejamiento y la prohibición de la mediación en el ámbito de la violencia doméstica penal a la luz de la normativa europea de protección de las víctimas de delitos

Aunque diferentes medios de comunicación nacionales, al referirse a la reciente STJUE de 15 de septiembre de 2011 (Asuntos acumulados C-483/09 y C-1/10) han centrado, con más o menos acierto, el contenido de la misma en la medida de alejamiento a las víctimas de violencia de género, esta resolución va, a mi juicio, mucho más allá a lo subrayado por esta expresión. En efecto, como se tratará de sintetizar a continuación, la sentencia contiene importantes afirmaciones en torno al papel de la víctima en el proceso penal y al ámbito de decisión del legislador nacional en cuanto a la regulación que del mismo se haga, para ser respetuosas con el marco jurídico dispuesto en la Decisión Marco 2001/220/JAI, sobre el estatuto jurídico de la víctima en el proceso penal. Es más, y matizando a este respecto las informaciones de los medios de comunicación, esta sentencia no respalda -ni deja de hacerlo- la medida de alejamiento como pena accesoria -porque el TJUE no está habilitado al respecto dado que no está incluida en el ámbito de aplicación de la DM-, sino que tan sólo se refiere a su compatibilidad con el marco jurídico europeo . No se trata de un juego de expresiones, sino de un aspecto que tiene que quedar claro y es que, como señala el TJUE, la DM “no contiene ninguna disposición relativa a las clases y graduación de las penas que los Estados miembros han de establecer en su normativa para sancionar las infracciones penales” (…) ni indica que el legislador de la UE, dentro de las competencias atribuidas, “haya tratado de armonizar, o al menos, de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a las clases y graduación de las sanciones penales” […]