Análisis sobre la regulación de las acciones colectivas en el ordenamiento jurídico español a la luz de las directrices de la Comisión Europea

Durante los últimos años la Comisión europea ha mostrado su preocupación por las consecuencias negativas que implica no disponer de un instrumento transversal europeo en materia de protección de los consumidores en casos de daños transfronterizos causados por un agente a una pluralidad de consumidores. En este sentido, la Comisión publicó en junio de 2013 su recomendación sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión. Asimismo, el pasado mes de abril de 2018 la comisión aprobó la propuesta de Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Ello pone de manifiesto la necesidad de los Estados miembros de adoptar las medidas legislativas oportunas para garantizar una protección adecuada de los intereses de los consumidores en asuntos transfronterizos ante la eventual adopción de una Directiva europea que armonice esta materia.
Por tanto, este artículo tiene por objeto el estudio de la legislación de lege ferenda que ha adoptado la Comisión europea en esta materia y los trabajos elaborados por académicos sobre el estado de esta cuestión en los distintos Estados miembros a efectos de valorar el estado de la legislación procesal española ante la eventual adopción de una Directiva europea que establezca una regulación uniforme para todos los Estados miembros.