Diccionario panhispánico del español jurídico

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Principio de mínima intervención jurisdiccional en el arbitraje y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC 2000, sobre control de oficio de las cláusulas arbitrales abusivas

por Merino Merchán, José Fernando

Artículo
ISSN: 1885-009X
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Tras la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, el juez nacional que según las reglas de competencia de cada país miembro de la Unión Europea deba resolver y habilitar la ejecución de laudos, se encuentra atribuido para apreciar de oficio los convenios arbitrales abusivos en los que intervengan consumidores, que aunque supone un cambio en el principio de mínima intervención jurisdiccional en el arbitraje no significa denegación automática del despacho de ejecución al introducir trámite de audiencia y alegación a las partes.

Following the recent law 42/2015 of 5 October the national court (in accordance with the internal rules of competence of each member of the EU) must determine and enable the enforcement of awards. This law is officially to deal with abusive arbitration agreements involving consumers. Whilst it does amount to a change in the principle of ‘minimum jurisdictional intervention’ in arbitration it does not amount to an automatic refusal of the courts to hear and allow the enforcement of awards.


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Tras la reciente Ley 42/2015, de 5 de octubre, el juez nacional que según las reglas de competencia de cada país miembro de la Unión Europea deba resolver y habilitar la ejecución de laudos, se encuentra atribuido para apreciar de oficio los convenios arbitrales abusivos en los que intervengan consumidores, que aunque supone un cambio en el principio de mínima intervención jurisdiccional en el arbitraje no significa denegación automática del despacho de ejecución al introducir trámite de audiencia y alegación a las partes.

Following the recent law 42/2015 of 5 October the national court (in accordance with the internal rules of competence of each member of the EU) must determine and enable the enforcement of awards. This law is officially to deal with abusive arbitration agreements involving consumers. Whilst it does amount to a change in the principle of ‘minimum jurisdictional intervention’ in arbitration it does not amount to an automatic refusal of the courts to hear and allow the enforcement of awards.


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