Incertidumbre a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el vencimiento anticipado por impago en los préstamos hipotecarios

El Tribunal Supremo, que había sostenido la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado por impago, da un giro en su posición en la sentencia plenaria de 23 de diciembre de 2015 declarando abusiva una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución por el incumplimiento de un solo plazo, defendiendo, no obstante, la posibilidad de que las entidades financieras puedan a acudir al procedimiento de ejecución directa mediante la aplicación supletoria del vigente artículo693. 2 LEC. Su posición en cuanto a la viabilidad del procedimiento de ejecución directa ha sido puesta en entredicho por diversas cuestiones prejudiciales elevadas por juzgados de primera instancia nacionales. Incluso el propio Tribunal Supremo (asunto C-70/17) ha elevado una cuestión prejudicial en esta materia, aún pendiente de resolución. La autora analiza tanto la postura de nuestros tribunales como del TJUE, así como las soluciones propuestas en el Proyecto de Ley reguladora delos Contratos de Crédito Inmobiliario.

The Supreme Court, which had upheld the validity of clauses on early termination due to default, revers edits position in the plenary ruling of December 23, 2015 by declaring an early termination clause permitting resolution due to default on a single instalment to be abusive, while nevertheless maintaining the possibility that financial institutions can use the direct execution procedure by the supplementary application of art. 693. 2 of the Civil Procedure Law. Its position on the feasibility of the direct execution procedure has been challenged by several preliminary rulings referred by Spanish courts of first instance. Even the Supreme Court itself (Case C-70/17) has issued a preliminary ruling on this matter, which is still pending resolution. The author examines the position of bot hour Spanish courts and of the CJEU, as well as the solutions proposed in the Draft Law regulating Real Estate Credit Contracts.