Diccionario panhispánico del español jurídico

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¿Debe existir Actos Jurídicos Documentados?

por Juárez González, Javier Máximo

Artículo
ISSN: 1885-009X
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El impuesto de AJD, aunque de rancio abolengo histórico, carece de sentido en un sistema tributario moderno que se asienta en un Estado de Derecho que propugna la seguridad jurídica como un derecho de todos los ciudadanos reconocido por la Constitución. Inclasificable en cualquier categoría tributaria, su fundamento es meramente formal en cuanto que grava el empleo de formas documentales que permiten el acceso de los ciudadanos al sistema de seguridad jurídica preventiva. Dicho fundamento, además de suponer un obstáculo para la efectividad de valores constitucionales, es incompatible con el artículo 31 de la Constitución, norma nuclear de nuestra arquitectura fiscal. Desde una perspectiva metajurídica, en la era de los ciudadanos digitales y la generalización de los documentos electrónicos, incluidos los públicos, es, cada día más, un anacronismo. La reciente "tormenta del impuesto hipotecario" del otoño de 2018 ha colocado a este tributo en primer plano de actualidad y evidenciado sus carencias. Es un buen momento para plantearnos el enterrarlo y relegarlo a los libros de historia.

Despite its ancient historical lineage, the Tax on Documented Legal Acts makes no sense in a modern tax system which is based on a rule of law and advocates legal security as a right of all citizens that is enshrined in the Constitution. It cannot be classified in any tax category, and the grounds for it are purely formal, as it is a tax on the use of documentary forms that provide citizens with access to the system for preventive legal security. Besides being an obstacle to the effectiveness of constitutional values, these grounds are incompatible with article 31 of the Spanish Constitution, which is the central regulation governing of our tax structure. From a meta-legal perspective, it is increasingly becoming an anachronism in an era of digital citizens and the widespread use of electronic documents, including public documents. The recent "mortgage tax storm" in autumn 2018 placed this tax at the top of the news agenda, and highlighted its shortcomings. It is a good time to consider burying it and relegating it to the history books.


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El impuesto de AJD, aunque de rancio abolengo histórico, carece de sentido en un sistema tributario moderno que se asienta en un Estado de Derecho que propugna la seguridad jurídica como un derecho de todos los ciudadanos reconocido por la Constitución. Inclasificable en cualquier categoría tributaria, su fundamento es meramente formal en cuanto que grava el empleo de formas documentales que permiten el acceso de los ciudadanos al sistema de seguridad jurídica preventiva. Dicho fundamento, además de suponer un obstáculo para la efectividad de valores constitucionales, es incompatible con el artículo 31 de la Constitución, norma nuclear de nuestra arquitectura fiscal. Desde una perspectiva metajurídica, en la era de los ciudadanos digitales y la generalización de los documentos electrónicos, incluidos los públicos, es, cada día más, un anacronismo. La reciente "tormenta del impuesto hipotecario" del otoño de 2018 ha colocado a este tributo en primer plano de actualidad y evidenciado sus carencias. Es un buen momento para plantearnos el enterrarlo y relegarlo a los libros de historia.

Despite its ancient historical lineage, the Tax on Documented Legal Acts makes no sense in a modern tax system which is based on a rule of law and advocates legal security as a right of all citizens that is enshrined in the Constitution. It cannot be classified in any tax category, and the grounds for it are purely formal, as it is a tax on the use of documentary forms that provide citizens with access to the system for preventive legal security. Besides being an obstacle to the effectiveness of constitutional values, these grounds are incompatible with article 31 of the Spanish Constitution, which is the central regulation governing of our tax structure. From a meta-legal perspective, it is increasingly becoming an anachronism in an era of digital citizens and the widespread use of electronic documents, including public documents. The recent "mortgage tax storm" in autumn 2018 placed this tax at the top of the news agenda, and highlighted its shortcomings. It is a good time to consider burying it and relegating it to the history books.


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