La universalización del derecho a las prestaciones sanitarias como presupuesto indispensable para la materialización de la cohesión social Retos pendientes para el sistema de protección social en España

La presente comunicación aspira a abordar la importancia de la universalización en la concepción de la asistencia sanitaria, así como su justificación técnico-jurídica a la luz de la teoría del Estado social de Derecho. La vocación de universalidad, característica intrínseca de la articulación constitucional y legal del derecho a las prestaciones sanitarias, es frecuentemente aludida como uno de los más laureados elementos de nuestro modelo de protección social, pero pocas veces se repara en sus raíces, fuertemente imbricadas en la cohesión social, cuyo análisis contribuye a su vez a la valoración de las reformas que al respecto se van emprendiendo en la materia. En efecto, sólo buceando en la razón de ser de la universalización y en los valores que la inspiran, se asume una perspectiva eficaz para realizar un adecuado tratamiento político-jurídico de la cuestión. Utilizando asimismo un enfoque histórico-evolutivo, se recorrerá la progresiva expansión del campo de aplicación subjetiva de la asistencia sanitaria, desde el Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 hasta nuestros días, que evidencie el ralentizado y a la par arduo proceso llevado a cabo. Iniciado el año 2012, las únicas críticas que cabía hacer residían en diversos elementos que quedaban pendientes en la consecución de un modelo de sistema sanitario netamente universalizado, al persistir colectivos formalmente excluidos del mismo y determinados sectores con ciertas particularidades en su régimen sanitario. Sin embargo, la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha supuesto un marcado retroceso en el nivel subjetivo de cobertura sanitaria conseguido hasta la fecha, principalmente (aunque no es el único supuesto controvertido) con la exclusión de los inmigrantes “en situación irregular”. Los cuestionamientos constitucionales de la norma no son pocos si se tiene en cuenta que nuestra Carta Magna se refiere a “todos” y la universalización aparece reiteradamente como objetivo a alcanzar en los textos legales que desarrollan el art. 43 CE. Este Real Decreto-ley supone, pues, un nuevo obstáculo que entorpece el camino hacia la consecución de una plena universalización del derecho a las prestaciones sanitarias.