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Proyectos y planes aprobados por Ley: contradicciones a la luz de la evaluación ambiental, el derecho de participación y el acceso a la justicia en materia ambiental
Han proliferado en los últimos tiempos las actividades y los planes en materia ambiental autorizados por una Ley, lo que presenta enormes controversias y dudas respecto al cumplimiento de las garantías que la legislación ha establecido en materia de evaluación ambiental, procedimiento de participación y acceso a la justicia en ese sector. Asimismo, no ha permitido clarificar si el poder legislativo puede o no intervenir en determinadas cuestiones, debido a que no reúne las condiciones indispensables para que las personas afectadas por los proyectos o planes, así como las asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, participen en los procedimientos y se defiendan ante los tribunales contra sus decisiones, tal y como establece la legislación comunitaria e internacional. El Tribunal Constitucional debería fijar un criterio estable y claro en torno a la validez de este tipo de proyectos.
I. Introducción.
II. El panorama legislativo acerca de la participación en materia ambiental.
II.1. Convenio de Aarhus.
II.2. Derecho comunitario.
II.3. Legislación interna.
III. Efectos de los proyectos y planes aprobados por ley en la evaluación de impacto ambiental y en la evaluación ambiental estratégica.
III.1. Fundamento de la evaluación ambiental.
III.2. Procedimiento adecuado, en especial, la participación del público y la coordinación entre las administraciones públicas.
A) Una aproximación a la jurisprudencia comunitaria.
B) Objeciones a la jurisprudencia comunitaria: el derecho de participación en la evaluación de impacto y estratégica.
III.3. Leyes singulares y legislación en materia de evaluación ambiental.
A) Caracterización de las leyes singulares.
B) La reciente jurisprudencia del tribunal constitucional.
C) Algunas consideraciones críticas relacionadas con la participación y el procedimiento. En especial, la directiva 2014 / UE.
IV. El derecho de participación para la autorización de proyectos y elaboración y aprobación de planes aprobados por ley.
V. El acceso a la justicia en materia ambiental.
V.1. La legitimación activa.
V.2. Las leyes singulares y autoaplicativas en relación al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
VI. Conclusiones
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Han proliferado en los últimos tiempos las actividades y los planes en materia ambiental autorizados por una Ley, lo que presenta enormes controversias y dudas respecto al cumplimiento de las garantías que la legislación ha establecido en materia de evaluación ambiental, procedimiento de participación y acceso a la justicia en ese sector. Asimismo, no ha permitido clarificar si el poder legislativo puede o no intervenir en determinadas cuestiones, debido a que no reúne las condiciones indispensables para que las personas afectadas por los proyectos o planes, así como las asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, participen en los procedimientos y se defiendan ante los tribunales contra sus decisiones, tal y como establece la legislación comunitaria e internacional. El Tribunal Constitucional debería fijar un criterio estable y claro en torno a la validez de este tipo de proyectos.
I. Introducción.
II. El panorama legislativo acerca de la participación en materia ambiental.
II.1. Convenio de Aarhus.
II.2. Derecho comunitario.
II.3. Legislación interna.
III. Efectos de los proyectos y planes aprobados por ley en la evaluación de impacto ambiental y en la evaluación ambiental estratégica.
III.1. Fundamento de la evaluación ambiental.
III.2. Procedimiento adecuado, en especial, la participación del público y la coordinación entre las administraciones públicas.
A) Una aproximación a la jurisprudencia comunitaria.
B) Objeciones a la jurisprudencia comunitaria: el derecho de participación en la evaluación de impacto y estratégica.
III.3. Leyes singulares y legislación en materia de evaluación ambiental.
A) Caracterización de las leyes singulares.
B) La reciente jurisprudencia del tribunal constitucional.
C) Algunas consideraciones críticas relacionadas con la participación y el procedimiento. En especial, la directiva 2014 / UE.
IV. El derecho de participación para la autorización de proyectos y elaboración y aprobación de planes aprobados por ley.
V. El acceso a la justicia en materia ambiental.
V.1. La legitimación activa.
V.2. Las leyes singulares y autoaplicativas en relación al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
VI. Conclusiones
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